La regulación del Fondo de Reserva aprobada por el Gobierno llega tarde, porque deberí­a haberse efectuado en el año 2000 (UGT lo viene demandando desde hace tiempo), y mal porque de nuevo el Gobierno ha manifestado su desprecio a la interlocución social al no informar a este sindicato sobre la norma, cuyo contenido valorará en profundidad cuando lo reciba.

UGT recuerda al Gobierno que, aunque es positiva la ampliación del fondo de reserva por encima del tope establecido en el Acuerdo de abril de 2001 (fue uno de los motivos por los que el sindicato no firmó el acuerdo), los excedentes de la Seguridad Social no deben destinarse exclusivamente a dicho fondo sino que una parte debe servir para incrementar las pensiones mí­nimas que siguen siendo insuficientes (más del 71% de los pensionistas cobran menos de 600 euros al mes).

UGT denuncia que el Gobierno utiliza el Pacto de Toledo como un patrimonio y no ha informado a este sindicato de la norma que regula el Fondo de Reserva, aprobada hoy en Consejo de Ministros, lo que demuestra un nuevo desprecio a la interlocución social.

Al margen de un estudio pormenorizado de su contenido, consideramos que su regulación es positiva ya que UGT la viene demandando desde hace tiempo, aunque llega tarde porque tendrí­a que haberse efectuado ya en el año 2000.

UGT destaca que el Gobierno atiende por fin a la demanda del sindicato de ampliar el Fondo de Reserva, por encima del tope establecido en el acuerdo de abril de 2001. Este fue uno de los motivos por los que el sindato no lo firmó y recientemente la propia Comisión Europea nos ha dado la razón y ha recomendado al Gobierno el incremento de este fondo por insuficiente. Sin embargo, recuerda que los excedentes de la Seguridad Social no deben servir únicamente para el mencionado Fondo, sino también para aumentar la cuantí­a de las pensiones mí­nimas que son insuficientes. Baste recordar que más del 71% de los pensionistas cobran menos de 600 euros al mes.

El sindicato exige que los recursos de la Seguridad Social (las cuotas de trabajadores y empresarios) se dirijan exclusivamente a la Seguridad Social y no a mejorar la imagen del Gobierno, que se ha gastado 7.211.314 euros (mil doscientos millones de pesetas), según se informó ayer a UGT en la Comisión Ejecutiva del INSS, en la campaña informativa de revalorización de las pensiones. Esta campaña sólo ha tenido como finalidad difundir una obligación legal: la recuperación del poder adquisitivo perdido como consecuencia de una mala previsión de la inflación por parte del Gobierno.