La falta de consenso con las CCAAs y las organizaciones sociales, así­ como la innecesaria celeridad en el procedimiento, desvirtúan esta reforma tan esperada como necesaria. UGT considera los recursos naturales como un bien básico cuyos beneficios, tanto directos como indirectos, deben revertir en toda la sociedad. En los aspectos relativos a la regulación laboral, es necesario establecer una uniformidad de criterios en el conjunto de las Comunidades Autónomas, para evitar la inseguridad jurí­dica en la contratación, y establecer el encuadramiento de los trabajadores forestales en el Régimen General de la Seguridad Social.

El Anteproyecto de Ley de Montes presentado por el Ministerio de Medio Ambiente, para la reforma de la antigua Ley de Montes, no se adecúa a las expectativas generadas, tanto en la forma como en el contenido de esta Ley básica.

Desde UGT apostamos por un modelo de gestión que considere los recursos naturales en general, y los forestales en particular, como un bien básico de todo el Estado, capaz de asegurar que los beneficios directos e indirectos que se obtengan se reviertan en toda la sociedad. Beneficios como: el freno de los procesos de erosión, la regulación del ciclo hí­drico, el mantenimiento de la biodiversidad, la contención de avenidas, el aumento de los sumideros de CO2, la creación y mantenimiento de los espacios de ocio y recreo, etc. Este modelo de gestión permitirá mayor creación de empleo y como consecuencia la fijación de la población en las áreas rurales.

Nuestras crí­ticas se deben al procedimiento elegido, se aprueba primero la Estrategia y el Plan Forestal antes que la Ley Básica; y a la celeridad en los trámites para la elaboración y consulta del Anteproyecto, presentando unos plazos claramente insuficientes e innecesarios. De esta forma se pretende imponer una reforma, que necesita de un amplio consenso social y polí­tico, tanto por los aspectos competenciales que afectan a las CCAAs, como por su adecuación a los principios de sostenibilidad y multifuncionalidad de estos espacios.

La polí­tica forestal debe plantearse a largo plazo, con criterios y objetivos que busquen garantizar la regeneración y persistencia de los recursos naturales y de la biodiversidad. La gestión forestal requiere de mucha mano de obra y constituye una importante fuente de generación de empleo, favorece el asentamiento de la población en el medio rural, genera rentas suplementarias y permite la conservación y mantenimiento de los espacios naturales.

Dada la importancia de este sector en la ordenación territorial y el desarrollo rural, y que la situación laboral de los trabajadores del sector forestal se caracteriza por la temporalidad del empleo, riesgos de accidentes laborales, y mano de obra poco especializada, entendemos que es necesario potenciar estas actividades con vistas a garantizar la estabilidad y la calidad de las condiciones laborales y del empleo.

En este sentido, hacemos las siguientes consideraciones:

– Entendemos que la ley debe recoger aspectos relativos a la regulación laboral del sector, incluidos en el Plan Forestal Español, y que fueron defendidos por los sindicatos en la reunión del Consejo de Bosques del pasado mes de julio. En concreto, respecto al Régimen de la Seguridad Social, es necesario establecer uniformidad de criterios en el conjunto de las Comunidades Autónomas, para evitar la inseguridad jurí­dica en la contratación, y establecer el encuadramiento de los trabajadores forestales en el Régimen General de la Seguridad Social, con la especialidad de la cotización diaria. Esto se debe a que los trabajos forestales están sujetos a las condiciones climatológicas, que impiden muchas veces su continuidad. El objetivo es mejorar los salarios y las prestaciones sociales de los trabajadores del sector.

– Dada la importancia económica del sector forestal y el elevado número de trabajadores (más de 51.000), consideramos que la Ley de Montes debe definir y establecer la conexión entre las administraciones con competencias en educación y la administración Forestal, dependiente del Ministerio de Medio ambiente, con objeto de garantizar la adecuación de la formación de los trabajadores forestales a las funciones que requiere la actividad del sector, tanto desde el ámbito de los servicios de función pública forestal, como del aprovechamiento forestal.

– A efecto de la integración en la Estadí­stica Forestal Española, las empresas del sector deberí­an incluir en los datos proporcionados a la Administración además de la producción, transformación y comercialización de productos forestales, datos relativos a empleo y condiciones laborales.