UGT quiere volver a insistir en que el sindicato es el primer interesado en aclarar esas presuntas irregularidades y en que se mejore la transparencia y eficacia de los mecanismos de control.

A este respecto, las últimas noticias se refieren a resultados prematuros y sesgados de las investigaciones iniciadas en abril de 2002 sobre la gestión de la Formación Continua en Cádiz. Y en todo caso, las presuntas irregularidades estarí­an directamente relacionadas con las empresas que imparten la formación y no con los agentes sociales.

Este tipo de actuaciones sólo están sirviendo para mermar la credibilidad del actual sistema de Formación Continua, que tanto viene beneficiando a los trabajadores de este paí­s, y enturbiar los procesos de diálogo abiertos con el Ministerio de Trabajo para aplicar las sentencias del Tribunal Constitucional, en los que se alcance un equilibrio entre la distribución territorial que establecen aquellas sentencias y la participación de los agentes sociales en la gestión y control de la eficacia de estos fondos.