La Comunidad de Madrid ha remitido al Consejo Económico y Social (CES) el Anteproyecto de Ley del Régimen Sancionador en materia de Viviendas Protegidas. El Grupo Sindical del CES presentó una explicación de voto al informe emitido por este órgano consultivo al considerar que aunque el citado informe recoge determinadas recomendaciones realizadas desde nuestras organizaciones es necesario introducir alguna reflexiones al ya dramático panorama de la vivienda pública en base a las siguientes consideraciones:

La presentación de esta ley responde más a la necesidad de impulsar una campaña que amortigí¼e el fracaso de la polí­tica del gobierno regional en materia de vivienda y a una estrategia electoralista del Partido Popular que a una voluntad polí­tica real de afrontar el grave problema de acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid.

Esta norma legal aparece cuando ya se han realizado en Madrid las grandes operaciones urbaní­sticas, sin participación alguna de los agentes implicados en la materia.

Anteproyecto de ley previsiblemente de dudosa efectividad, más aún si se tiene en cuenta que ve la luz cuando ya se han producido casos de graves irregularidades en estos nuevos desarrollos (PAUS), obligando a las familias a la adquisición de elementos no vinculados a la vivienda, lo que está provocando un sobreprecio por encima de los lí­mites que establece la ley.

El borrador de la Ley no contempla inversión económica alguna para su adecuada aplicación. Se prevé destinar los mismos recursos humanos y materiales que actualmente se emplean para destapar las actuales irregularidades en este tipo de actuaciones. Recursos que han demostrado su ineficacia a la hora de erradicar el fraude.

CC.OO. y UGT consideran que esta ausencia de polí­tica en materia de vivienda es responsable de la grave situación de la vivienda en la Comunidad de Madrid:

– Crecimiento desatado del precio de la vivienda libre (23,43 por ciento a lo largo de 2002).

– Un esfuerzo financiero de las familias que alcanza el 69 por ciento de sus ingresos.

– El continuo descenso de la vivienda protegida durante los últimos siete años, hasta situarse en la actualidad en una tasa alrededor del 6 por ciento del total de las nuevas viviendas construidas, lo que está suponiendo la práctica desaparición de la vivienda pública.

Concluyen ambas organizaciones que en este escenario más del 60 por ciento de los madrileños están excluidos de facto del mercado inmobiliario.

Para el secretario de Polí­tica Institucional de CC.OO. de Madrid y portavoz de este sindicato en el CES, Jaime Cedrún, "resulta sorprendente que un gobierno que ha demostrado una nula voluntad polí­tica para atajar el problema de la vivienda, a pesar de tener la competencia exclusiva, se preocupe del fraude en la vivienda protegida al final de los ocho años de su mandato". Y es que para el responsable sindical, "han llevado a la vivienda protegida a un porcentaje testimonial del 6 por ciento en 2002, y están echando a los cooperativistas del mercado inmobiliario".

Para el portavoz de UGT en el CES, Fernando Sánchez, "la administración, conocedora de las irregularidades en la venta de vivienda con algún tipo de protección por promotores o gestores privados con precios por encima del legalmente establecido, no está tomando las adecuadas medidas que impidan estas irregularidades".