La organización ecologista Greenpeace ha exigido hoy el establecimiento de un régimen especial de vigilancia y control para el tráfico de sustancias peligrosas en la bahí­a de Algeciras. Greenpeace exige que dicho plan incluya la prohibición total de buques monocasco (no sólo, como en la actualidad para el fuel pesado), la eliminación de las actividades de bunkering en la bahí­a y la presencia permanente en la zona de buques anticontaminación. Dicho Plan debe incluir necesariamente a Gibraltar, ya que los daños al medio ambiente no conocen fronteras.

\"Las actividades de los petroleros en la bahí­a de Algeciras son una bomba de relojerí­a. Hoy somos testigos del hundimiento de una barcaza llena de fuel que está poniendo en riesgo todo el medio ambiente marino. Si las cosas no cambian la catástrofe en las costas de Andalucí­a es una cuestión de tiempo\" -ha declarado Juan López de Uralde, director de Greenpeace, a bordo del MV Esperanza, atracado en el puerto de Algeciras.

Actualmente en la bahí­a de Algeciras se mueven más de 20 millones de toneladas de productos petrolí­feros. Es habitual la presencia diaria de más de veinte petroleros fondeados en la bahí­a, tanto por el tráfico de las refinerí­as de CEPSA, como para el trasvase de productos petrolí­feros o carga de combustible. Además del riesgo permanente de catástrofe, se producen de forma rutinaria vertidos de hidrocarburos al medio marino que dañan gravemente al medio ambiente.

Greenpeace exige asimismo un cambio de las regulaciones internacionales de transporte marí­timo de sustancias peligrosas. Para Greenpeace, después de las catástrofes del Erika y del Prestige, la Unión Europea no puede seguir eludiendo su responsabilidad porque la situación es insostenible.

Greenpeace exige asimismo al Gobierno español la puesta en marcha de un nuevo régimen de responsabilidad civil ante los daños al medio ambiente provocados por el transporte de sustancias peligrosas como el petróleo. En la actualidad la responsabilidad por los daños provocados por catástrofes como la del Prestige están limitados a un máximo de 180 millones de euros que se dividen entre el armador y el fondo establecido por la industria petrolera. Esta cantidad es claramente insuficiente, y las catástrofes las acaban pagando los ciudadanos a través de sus impuestos, mientras que los que se benefician del tráfico de crudo eluden su responsabilidad.

\"El Gobierno español no puede seguir escondiéndose detrás de la Unión Europea: si la Unión Europea no se mueve, España debe tomar la iniciativa unilateralmente de establecer un régimen de responsabilidad ilimitada.\" -ha declarado López de Uralde.