Sr. Presidente:

El próximo 27 de enero, cuando el Consejo de Seguridad conozca el informe de los inspectores de Naciones Unidas sobre los programas de armas de destrucción masiva, la sombra de la guerra estará mas cerca de Irak, amenazando con agravar aún más el sufrimiento de 24 millones de mujeres, niños y hombres en ese paí­s.

Muchas personas en Irak sufren desde hace tiempo las violaciones de derechos humanos cometidas por su propio gobierno, así­ como las terribles consecuencias de las sanciones impuestas por Naciones Unidas. A esta situación se une ahora la amenaza de la guerra que, en caso de producirse, se cobrará un número incalculable de ví­ctimas civiles.

Si se produce un ataque militar en Irak, muchas personas morirán. Serán asesinadas por las bombas y las balas estadounidenses y de los paí­ses aliados o, en caso de que intenten levantarse contra su gobierno, serán ví­ctimas de la represión por parte de las fuerzas de seguridad iraquí­es, como ya ocurrió durante la guerra del golfo en 1991. Además, la guerra supondrá una gran oleada de refugiados y desplazados internos y provocará una grave crisis humanitaria.

El Gobierno español, al formar parte del Consejo de Seguridad desde el pasado 1 de enero, contribuirá a decidir la suerte de miles de personas en Irak.

Amnistí­a Internacional considera que antes de autorizar el uso de la fuerza, el Consejo de Seguridad debe responder a la siguiente pregunta ¿Se ha llegado a ese punto de peligro inminente que no deja otra opción que bombardear Irak?

Respondiendo a esta pregunta, Amnistí­a Internacional solicita que el Gobierno español tome una decisión basada en las siguientes recomendaciones:

El debate, incluyendo el impacto de las sanciones, debe contemplar, como punto esencial, la preocupación por la vida y la seguridad del pueblo iraquí­. Este debate debe ser en España transparente, amplio, y no meramente retórico teniendo en cuenta las siguientes medidas:

1. El Consejo de seguridad de Naciones Unidas y todos los Estados de la comunidad internacional deben asegurarse de agotar todos los medios pací­ficos para resolver el conflicto con Irak, incluyendo dar tiempo suficiente a los inspectores a llevar a cabo su trabajo. El uso de la fuerza es un último recurso y sólo ante peligro inminente en el marco de las decisiones de Naciones Unidas y en postura común de la Unión Europea.

2. Oponerse activamente al uso de armas de destrucción indiscriminada y de efectos devastadores, como las armas biológicas o quí­micas, las bombas racimo o las minas antipersona, en caso de producirse el ataque armado sobre Irak. En este sentido, su gobierno, como parte de la Organización del Atlántico Norte, y por tener en su territorio bases susceptibles de su utilización en caso de ataque armado a Irak, puede jugar un papel esencial en contribuir a asegurar que no se utilizan, en caso de bombardeos, estas armas indiscriminadas que podrí­an tener efectos devastadores sobre la población civil en Irak.

3. Abogar activamente para que los gobiernos de los paí­ses limí­trofes con Irak, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), garanticen la acogida de los desplazados y refugiados en condiciones de seguridad y dignidad ofreciendo al ACNUR la ayuda necesaria para su labor de protección y asistencia.

4. Garantizar que España proporciona en su territorio, asilo y refugio a aquellas personas en Irak que sufran persecución, asegurando un procedimiento de acceso justo y satisfactorio a las personas que lo soliciten.

El Gobierno español debe comprometerse públicamente desde ahora al cumplimiento del derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos en caso de ataque armado sobre Irak.

En la indeseable hipótesis de que el Gobierno español participe en una intervención militar en Irak, logí­sticamente o con tropas, deberá asumir su corresponsabilidad y rendir cuentas por las consecuencias sobre la población civil y no combatiente.

El pueblo iraquí­, su sufrimiento actual y su sufrimiento en caso de intervención militar, es y será inmenso. Es por esa razón que solicitamos que a partir del próximo 27 de enero, cuando el representante español vote en el Consejo de Seguridad, ponga este sufrimiento en el centro del debate. En nombre de Amnistí­a Internacional me permito insistir en la pregunta ¿Se ha llegado a ese punto de peligro inminente que no deja otra opción que bombardear Irak?

Atentamente

Esteban Beltrán Verdes
Director
Sección Española
Amnistí­a Internacional