La Ley, que se justificó con la pretensión de resolver las situaciones de irregularidad, no ha evitado, a juicio de CC.OO., la existencia de un alto número de personas en situación irregular. El grueso de la inmigración no se ha conseguido canalizar por las ví­as regulares previstas en dicha Ley.

CC.OO. culpa de esta situación a la ruptura del consenso, tanto en su promulgación, que originó un enorme malestar por considerarse inconstitucional en algunos apartados, como en su desarrollo, en el que han primado la opacidad y la falta de medios dedicados a impulsar la normalización de la inmigración y su integración social.

Para CC.OO. este segundo aniversario podrí­a haber sido un buen momento para que el Gobierno promoviera una reflexión sobre los aspectos discutidos y las insuficiencias de la ley y, para reorientar prácticas de la Administración que mejoren las polí­ticas relacionados con la población inmigrante.

En este sentido CC.OO. considera que la reforma del código penal sigue reincidiendo en la unidireccionalidad del tratamiento de los temas de extranjerí­a, que se enfocan por el Gobierno desde la óptica del delito y del código penal, difundiendo una imagen negativa del conjunto de la inmigración. La percepción de los inmigrantes indiscriminadamente como una población sospechosa constituye un caldo de cultivo de actitudes que fácilmente desembocan en racismo y xenofobia. Las reformas de la ley sin las dotaciones necesarias de medios humanos y materiales se queda en pura propaganda, no resuelven los problemas y generan descreimiento en los instrumentos públicos.

Por otro lado las medidas contempladas generan dudas en el terreno de las expulsiones, tanto desde el punto de vista de la igualdad de trato con los nacionales, como desde el punto de vista de la seguridad jurí­dica y de la presunción de inocencia de las personas extranjeras afectadas por un procedimiento judicial y, en cuanto a las polí­ticas de integración, CC.OO. las considera pura retórica, lo que origina una gran frustración en el colectivo de la población inmigrante de nuestro paí­s.

CC.OO considera que el gobierno deberí­a recuperar la capacidad de diálogo en materia de polí­ticas de extranjerí­a y de inmigración, porque tienen una gran importancia para el futuro de nuestra sociedad y requieren de la máxima implicación social. Máxime cuando numerosos aspectos de estas polí­ticas deben ser aplicados en ámbitos autónomicos y locales.

Hay diversos ámbitos en los que consideramos necesarios marcos de entendimiento, para potenciar la normalización de la inmigración en nuestra sociedad: abordar lí­neas de trabajo para la normalización de personas en situación irregular, reforzar las polí­ticas de integración, impulsar las polí­ticas para la igualdad de trato y la no discriminación de las personas por su origen racial o étnico.