LA APDH ANTE LA VIOLENCIA E INTOLERANCIA

Vemos con alarmada preocupación que la violencia está marcando el tono moral de las relaciones entre los bolivianos, que ni siquiera la muerte convoca al diálogo, que la intransigencia y la ausencia de un compromiso genuino con la concertación se imponen por sobre el interés de los bolivianos y bolivianas.

A la fecha el resultado de esta lógica perniciosa, después de tres dí­as de conflicto es el siguiente:

4 personas muertas
50 personas heridas
250 personas detenidas

Del mismo modo, denunciamos que la represión se ha extendido en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y representantes parlamentarios. El dí­a de ayer martes 14 se detuvo de manera ilegal y arbitraria a la Sra. Judith Camargo, miembro de la APDH Cochabamba; al periodista Marco Caballero; y al Diputado Nacional Luis Cutipa, quien además fue golpeado.

Estas acciones desplegadas por el gobierno se ven agravadas por la ilegal intervención de las Fuerzas Armadas en este conflicto, al ser utilizadas dependencias de la Base Aérea para la detención de personas, al haberse registrado allanamientos abusivos e ilegales en contra de pobladores de poblaciones como Aguirre y Colomi. Asimismo, la APDH ha podido verificar que miembros de las FF.AA. utilizan escuelas, un hospital y una parroquia, como campamentos militares.

Además, condenamos de la forma más enérgica la brutal intervención de la marcha de los jubilados y rentistas, que en el ejercicio de un derecho constitucional fueron abusiva e ilegalmente reprimidos, hecho que derivo en el lamentable accidente que es de conocimiento público. La responsabilidad del gobierno en estos hechos debe también investigarse.

Anunciamos que todos estos hechos ya son de conocimiento de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.

Esta dramática situación sólo nos conducirá a la todaví­a evitable espiral de violencia que desatará consecuencias impredecibles sobre los hogares de todos y todas.

Por tales razones, exigimos la inmediata intervención de los organismos jurisdiccionales para la investigación de estos hechos delictivos, la individualización de los responsables, su procesamiento y sanción penal. Del mismo modo, insistimos en la cada vez más urgente necesidad de iniciar de inmediato un diálogo sin condiciones para que de esa forma se encuentre una salida que permita la satisfacción de las legí­timas demandas de los sectores movilizados.