La organización ecologista Greenpeace ha manifestado su protesta por la pasividad de la Fiscalí­a General del Estado ante la catástrofe del Prestige, que contrasta con la celeridad para perseguir a la plataforma ciudadana Nunca Mais.

Greenpeace tuvo que dirigirse directamente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para pedir más medios para el juzgado de Corcubión ante la penuria en la que se desarrolla su trabajo. El CGPJ aprobó esta misma semana la demanda de Greenpeace de dotar al juzgado de Corcubión de mayores medios materiales y humanos. Greenpeace comprueba con indignación como la Fiscalí­a General del Estado, lejos de impulsar la investigación para depurar responsabilidades en relación con la catástrofe ecológica, persigue a una organización ciudadana.

Desde hace años, Greenpeace viene demandando una fiscalí­a especí­fica para cuestiones ambientales. Esta demanda ha sido desoí­da reiteradamente por la Fiscalí­a General del Estado, insensible ante los delitos ecológicos. El caso del vertido de las Minas de Aznalcóllar (Doñana) ya dejó en evidencia la incapacidad de la Fiscalí­a General del Estado para exigir responsabilidades ante graves catástrofes ecológicas.

Greenpeace recuerda que en la última memoria anual de la Fiscalí­a General del Estado ha desaparecido el capí­tulo sobre delitos ambientales existente en años anteriores.