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El coste de los daños del Prestige pone de manifiesto que las catástrofes ambientales las pagan los ciudadanos
Recibida de Greenpeace el 16-01-2003 a las 07:01

Greenpeace exige un cambio en el régimen de responsabilidades.

La organización ecologista Greenpeace considera que la estimación del coste de las operaciones de limpieza, hecha publica ayer por el ministro de Hacienda, pone ya de manifiesto que los responsables del Prestige y el Fondo de Compensación de las petroleras cubrirán sólo una mí­nima parte de los daños. Greenpeace exige un cambio del régimen de responsabilidad actual, que sea reemplazado por un mecanismo de responsabilidad ilimitada, imponiendo al tándem armador-fletador la contratación de un seguro que permita cubrir la totalidad de los daños en caso de accidente.

El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, cifró ayer en 1.000 millones de euros el coste de las operaciones de limpieza que se han puesto en marcha. Esta valoración es una primera estimación que no incluye el potencial coste de las operaciones a realizar en el casco hundido del Prestige y otros gastos imprevistos en los que se vaya incurriendo. Greenpeace considera que los costes finales de los daños del Prestige serán muy superiores a esta primera estimación: en el caso del Exxon Valdez los tribunales norteamericanos condenaron a la petrolera Exxon a pagar 4.000 millones de dólares por los daños.

"Con las estimaciones actuales es ya evidente que la mayor parte de los gastos deberá ser cubierta por los ciudadanos españoles. Una vez más se pone de manifiesto que los que se benefician con el transporte y comercialización de crudo no se ven obligados a afrontar los daños que causan", ha declarado el director de Greenpeace, Juan López de Uralde.

La responsabilidad está regida actualmente por la convención CLC (Civil Liability Convention) de la Organización Marí­tima Internacional (OMI). Según este régimen, el propietario de la nave está autorizado a limitar su responsabilidad a una cantidad de acuerdo con el tonelaje de la nave; el segundo dispositivo es un fondo internacional de indemnización por los daños de contaminación por hidrocarburos, pero este fondo tiene un techo máximo de 200 millones de euros.

Greenpeace considera que un cambio del actual régimen por otro de responsabilidad ilimitada tendrí­a un efecto preventivo que evitarí­a la repetición de este tipo de catástrofes, ya que obligarí­a a los aseguradores a tener en cuenta la seguridad de las naves ante la eventualidad de tener que hacer frente a enormes indemnizaciones económicas en caso de que tuvieran que cubrir todos los costes de los daños causados.




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