La Secretarí­a Confederal de la Mujer de CC.OO. considera insuficiente la medida de "ayuda de 100 euros a madres trabajadoras", ya que se limita a las mujeres que trabajan y están en alta en la Seguridad Social o Mutualidad y excluyen, por lo tanto, a quienes buscan empleo.

El Gobierno ha arbitrado un procedimiento excesivamente riguroso en cuanto a los requisitos exigidos para su cobro por anticipado (en función del número de dí­as cotizados cada mes, régimen de la S. Social al que se pertenezca, modalidad de contratación, tiempo de trabajo; ajustes posteriores si sobrevienen situaciones diferentes, etc.).

CC.OO. critica el carácter populista de la medida, que se ha estado difundiendo durante meses de forma confusa y poco ajustada al contenido exacto de la norma, por lo que generará decepción en muchas personas al verse excluidas por no cumplir los requisitos de la misma.

El Gobierno está presentando la medida como un apoyo a las madres trabajadoras para facilitar su permanencia en el empleo, pero resulta poco efectiva ya que no mitigará los múltiples condicionantes que encuentran las mujeres en el mercado laboral y que impiden que éstas desarrollen una vida profesional plena, ni tiene en cuenta que estas dificultades las tienen en igual medida o más quienes están buscando empleo (16,5% de paro femenino en España).

Desde CC.OO. consideramos que la medida debe adoptarse bajo la fórmula de un derecho universal.Por otra parte, es responsabilidad del Gobierno ampliar las infraestructuras y servicios sociales destinadas a la infancia (de 0 a 6 años especialmente) y a las personas dependientes, descargando así­ de responsabilidades que casi siempre recaen sobre las mujeres. No es admisible que en respuesta a la demanda social y de la polí­tica comunitaria de contar con plazas suficientes para la educación infantil de 0 a 6 años, el Gobierno otorgue desgravaciones fiscales a las empresas que realicen gastos o se doten de infraestructuras para guarderí­as.

Garantizar la conciliación laboral y familiar, además de estar plasmada en derechos legales, ha de hacerse realidad a través de un conjunto de medidas en las que tienen que colaborar todas las Administraciones con responsabilidades sobre la población.