El Gobierno debe dar explicaciones porque el descontrol de los precios no es puntual, se debe a causas estructurales sobre las que el Ejecutivo no ha querido ni sabido combatir (valga de ejemplo la pasividad ante el descontrol de los precios en el sector servicios que se ha incrementado hasta el 4,4% o la inflación subyacente que no ha bajado del 3% en los los dos últimos años ). En 2002 el IPC, como ya ocurrió en 2000, ha duplicado la previsión oficial del Gobierno (se ha situado en el 4%, el doble que la media comunitaria).

El incumplimiento de dichas previsiones, por cuarto año consecutivo, condena de nuevo a una pérdida de poder adquisitivo a los perceptores del SMI y a los trabajadores que tienen por referencia este salario. Por este motivo, UGT defiende la ganancia de poder adquisitivo de los salarios y la inclusión de cláusulas de revisión salarial en todos los convenios, porque son un instrumento fundamental de la negociación colectiva.

Datos básicos
Mensual: 0,3%, una décima más que en diciembre del pasado año.

Anual: 4,0%, una décima más que en noviembre, recuperando el nivel más alto del año alcanzado también en octubre. La inflación anual ha sido, por tanto, el doble de la previsión del Gobierno, fijada en el 2%, lo que supone idéntico resultado que en 2000, y por tanto el mayor desbordamiento de una previsión desde 1989.

Subyacente: (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos): 3,5%, una décima menos que en noviembre.
Inflación media: 3,5%
Armonizado: 4,0%.

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Con el dato del IPC del mes de diciembre conocido hoy se pone fin a un pésimo año en materia de inflación, que se inscribe en la que ya es una larga serie de negativos resultados de la polí­tica económica del Gobierno del PP en cuanto a control de precios.

El Gobierno debe dar explicaciones, asumir sus responsabilidades y poner en práctica una polí­tica antiinflacionista eficaz y decidida; la situación así­ lo exige:

1. El descontrol de los precios se ha enquistado en nuestra economí­a ante la pasividad del Ejecutivo.

2002 ha terminado con una inflación del 4%, el nivel más alto del año y el doble de la previsión oficial del Gobierno (2%). Pero, lo que es peor, no es una situación coyuntural, sino que refleja fielmente lo que viene sucediendo en los últimos 3 años: desde abril de 2000 la tasa anual de inflación sólo se ha situado por debajo del 3% en dos meses (noviembre y diciembre de 2001), por lo que resulta inadmisible argumentar que se trata de una situación pasajera.

La inflación media de estos tres últimos años pone de relieve lo persistente de las altas tasas sufridas: 3,4%, 3,6% y 3,5% en 2000, 2001 y 2002, respectivamente. La situación excepcional fue precisamente la reducción en los dos últimos meses de 2001 hasta el 2,7% y no al contrario.

2. La inflación tiene causas estructurales que el Gobierno no sabe combatir.

La persistencia de la inflación en tasas elevadas confirma la existencia de tensiones inflacionistas de fondo en determinadas actividades, e invalida las explicaciones basadas en el negativo efecto puntual de algunos elementos de comportamiento volátil, como los precios del petróleo o los precios de los alimentos frescos.

– la inflación subyacente se ha situado en el 3,5%, y lleva dos años seguidos sin bajar del 3%;
– la tasa general excluyendo sólo los productos energéticos se sitúa en el 3,8%;
– la inflación en el sector servicios (cuyos bienes suponen aproximadamente el 30% del consumo de las familias, y es ajena a los componentes antes mencionados) es del 4,4%.

Por otro lado, la presente inflación se produce en una situación de desaceleración económica, con el consumo de las familias retraí­do y sin presiones en los costes de las empresas. Todo ello no hace sino poner de relieve que las causas de la inflación básica de nuestro paí­s hay que buscarlas en el mal funcionamiento de algunos mercados, cuyas empresas poseen capacidad para fijar precios ajenas a la competencia, y en cuyo contexto la introducción del euro ha supuesto una circunstancia agravante que han aprovechado para expandir aún más sus márgenes, ante la pasividad del Ejecutivo.

3. La inflación en diciembre ha superado la previsión del Gobierno por cuarto año consecutivo.

Como todos los analistas apuntaban a primeros de año, en 2002 la inflación ha vuelto a superar la previsión del Gobierno, fijada en el 2% una vez más sin atender ningún criterio razonable. En esta ocasión, el desbordamiento ha sido, al igual que sucedió en 2000, del 100% (4% frente al 2% previsto), lo que supone un episodio más en el descrédito en que el Ejecutivo del PP está llevando a las previsiones macroeconómicas, que en este caso tiene fuertes repercusiones sobre los resultados de la polí­tica de rentas y presupuestaria.

Así­, en 2002 los perceptores del SMI han vuelto a perder poder adquisitivo, puesto que fue actualizado en tan sólo el 2%, sin llevar a cabo la revisión semestral a que obliga el Estatuto de los Trabajadores, lo que incrementa el grado de exclusión social de este colectivo de trabajadores menos favorecidos, que año tras año viene sufriendo la antisocial visión del mercado de trabajo que posee el Gobierno. Para 2003 el SMI ha vuelto a ser incrementando en tan sólo el 2%, otra vez la previsión oficial del Ejecutivo, lo que provocará sin duda nuevas pérdidas de poder adquisitivo a los perceptores de esta renta básica.

Las desviaciones de los precios sobre las previsiones oficiales han adquirido con el Gobierno del PP una persistencia y una magnitud que descalifican su polí­tica de proyecciones y dañan gravemente su credibilidad.

4. El descontrol de la inflación perjudica gravemente el poder adquisitivo de los salarios, que debe ser preservado con la inclusión de cláusulas en todos los convenios.

La incapacidad del Ejecutivo para moderar la inflación está perjudicando gravemente al conjunto de la economí­a, y está echando por tierra los esfuerzos de gran parte de los ciudadanos, que han asumido sacrificios de rentas que la polí­tica económica del Gobierno minimiza.

En este sentido, hay que destacar que la negociación salarial de 2002 que se desarrolla en el marco del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2002 (ANC) que firmamos los agentes sociales, en el cual pactamos, entre otros elementos, una polí­tica de crecimiento moderado de los salarios para contribuir al control de la inflación y el mantenimiento y creación de empleo.

Así­, los incrementos salariales medios de convenio se sitúan en el 3%, un punto por encima de la previsión de inflación del gobierno, que se deriva del reparto de los excedentes de productividad generados por la economí­a y que refleja la libre voluntad de los negociadores. Por ello, los incrementos pactados deberí­an traducirse en una ganancia de un punto porcentual del poder adquisitivo de los salarios.

Sin embargo, la pésima evolución de la inflación ha pervertido estos resultados, puesto que la inflación media, la relevante para calcular el poder adquisitivo a lo largo del año, ha alcanzado el 3,5%, medio punto por encima de los aumentos salariales.

Por ello, y para salvaguardar el pacto alcanzado de forma voluntaria por empresas y trabajadores en cada ámbito de negociación, es necesario incluir en todos los convenios cláusulas de revisión salarial que preserven los incrementos de poder adquisitivo pactados de las desviaciones no deseadas de los precios sobre la previsión oficial, como ha sucedido este año. En la actualidad, aproximadamente 5,5 millones de trabajadores (algo más del 70% del total) incluyen en sus convenios cláusulas de revisión.

Hay que tener en cuenta que las cláusulas son un elemento imprescindible si se negocia en base a la previsión oficial prevista por el Gobierno, referencia que elimina incertidumbres y facilita el consenso, pero que dado el nivel de incumplimiento de los últimos años, sólo puede ser asumida si se incluyen cláusulas que actúen en el caso de que la inflación real supere a la previsión.

En definitiva, las cláusulas son una parte consustancial del modelo de negociación basado en la inflación prevista, implantado en nuestro paí­s hace casi veinte años y que tan buenos resultados ha dado históricamente en términos de moderación de la inflación y creación de empleo.

Es necesario incidir en que las cláusulas no son un instrumento inflacionista, puesto que sólo actúan si la inflación real supera la previsión y en base a la cual se negocia; es decir, las cláusulas son una consecuencia de la inflación y no su causa, y permiten incrementos salariales de partida sin duda más moderados de lo que serí­an sin la inclusión de este mecanismo de garantí­a.