Ecologistas, propietarios de montes, consumidores y comunidades autónomas ven irrisorio este plazo para estudiar el documento y elaborar sus propuestas. Como ha manifestado Ecologistas en Acción en el Consejo, el Gobierno, está anteponiendo el lavado de imagen de Matas a la elaboración de una ley realmente consensuada, funcional y aplicable en todo el territorio del Estado.

El Consejo Nacional de Bosques es el máximo órgano consultivo del Ministerio de Medio Ambiente en materia de montes y recursos forestales. A pesar de ello, la presentación pública del anteproyecto de Ley de Montes, piedra angular en la gestión forestal, se ha hecho a espaldas de los miembros del Consejo que se han enterado por los medios de comunicación de los principales contenidos del texto.

Esta circunstancia no ha pasado desapercibida en el Consejo, cuando varios de los vocales han recriminado a la Secretaria de Medio Ambiente (el Ministro se habí­a marchado cuando ha llegado el turno de ruegos y preguntas) este hecho. Pero el mayor malestar ha surgido cuando la Directora General de Conservación de la Naturaleza ha anunciado el plazo para presentar alegaciones, 15 dí­as, y 5 dí­as para que el Ministerio estime y desestime las mismas. En definitiva, 15 dí­as para estudiar una Ley que se lleva esperando más de 20 años.

A pesar de las solicitudes de ecologistas, propietarios, consumidores y comunidades autónomas para que el Ministerio ampliase el plazo, el no rotundo, ha sido la única respuesta. Esta intransigencia ha provocado, entre algunos de los vocales, la intención de no asistir a la próxima reunión del Consejo que se celebrará el 30 de enero.

Según Ecologistas en Acción, la premura en los plazos, responde a la intención del Gobierno de aprobar una ley, ampliamente reclamada, para lavar la imagen de pasividad y desidia que el Ministro, Jaume Matas, ha mostrado en los acontecimientos del Prestige. Ecologistas en Acción, considera lamentable que una vez más Gobierno y Ministerio antepongan cuestiones electoralistas a la elaboración de una ley que sirva para gestionar adecuadamente un sector esencial en la conservación de la biodiversidad y largamente olvidado.