WWF/Adena quiere subrayar que, aunque dicho anteproyecto establece como regla general la prohibición del cambio del uso forestal para los terrenos afectados por incendios, es necesario detenerse también en "la letra pequeña". De hecho, lo cierto es que, analizado con detenimiento, el texto deja la puerta abierta a que las Comunidades Autónomas determinen las excepciones a dicha prohibición, sin establecerse realmente cuáles son los criterios mí­nimos que regulan tales excepciones.

Sin embargo, la interpretación que se ha hecho de la nueva Ley de Montes durante los pasados dí­as ha sido bien diferente. No en vano, se ha venido haciendo especial hincapié en que ésta prohibirá que se especule con terrenos incendiados, según la información facilitada el pasado martes a los medios de comunicación por el Ministerio de Medio Ambiente, dos dí­as antes de presentar el texto al Consejo Nacional de Bosques.

WWF/Adena considera inadmisible que se haya hecho público el contenido del anteproyecto de ley sin hacérselo llegar también a los miembros del Consejo Nacional de Bosques. Asimismo, se suma a la opinión generalizada de muchos de los miembros de este órgano en el acto de presentación del anteproyecto sosteniendo que esta actitud no pretende sino lavar la imagen deteriorada de la polí­tica ambiental que desarrolla el MIMAM.

Durante la presentación de la ley, en la cual ha trabajado el Ministerio durante dos años, se anunció un periodo de 15 dí­as para que los miembros del Consejo Nacional de Bosques estudien el texto y presenten sus alegaciones. Frente al escaso plazo de tiempo que esto supone (teniendo en cuenta que la ley ha tardado muchos años en llegar) gran parte de los presentes expresaron en sus correspondientes intervenciones su desagrado y desacuerdo. No obstante, ante esta situación los representantes del MIMAM hicieron caso omiso.

WWF/Adena se pregunta si es posible consensuar una Ley básica de Montes en algo más de un mes con el Consejo Nacional de Bosques y con las 17 Comunidades Autónomas, algunas de las cuales poseen sus propias leyes forestales desde hace varios años. "No creemos que esto sea un proceso participativo y nos preguntamos por qué, después de veinte años esperando, hay que llevar la Ley a Consejo de Ministros en febrero", apunta Raquel Gómez, responsable del área de Bosques de WWF/Adena en España.