La subida de las pensiones, aprobada hoy por el Consejo de Ministros, es obligada, discriminatoria e insuficiente. Obligada porque el incremento del 3,9% obedece a la revalorización automática de las pensiones y a la paga compensatoria por la desviación de precios en 2002, más la previsión de 2003; y discriminatoria e insuficiente porque la "importante" mejora- más allá del 3,9%- en las pensiones de viudedad y en las mí­nimas anunciada a bombo y platillo por el Gobierno, el mes pasado, no es generalizada (el 73% de los perceptores de pensiones mí­nimas queda fuera); la subida no será superior a 6 euros al mes y se tiende a favorecer a las pensiones más altas (la mejora en las de viudedad sólo beneficiará a aquellas con una base reguladora superior a 835 euros, unas 139.025 ptas).

UGT afirma que hay margen suficiente, con los excedentes de la Seguridad Social de los últimos años (incluí­do el previsto para éste), para un incremento mayor de las pensiones mí­nimas, algunas de las cuales son de supervivencia y denuncia la actitud cicatera del Gobierno que continua jugando con las expectativas de los pensionistas, un colectivo que sólo ha mejorado su poder de compra en torno al 2% desde 1996.

Más allá de la obligada subida de las pensiones en el 3,9%, que obedece a la revalorización automática de las pensiones y a la paga compensatoria por la desviación de precios en 2002 más la previsión de 2003, la "importante" mejora en las pensiones de viudedad y en las mí­nimas, anunciada a bombo y platillo por el Gobierno el mes pasado y aprobada hoy por el Consejo de Ministros, tendrá una incidencia protectora muy baja y beneficiará a muy pocos pensionistas.

Para 2003, hay que empezar señalando que de los 2.719.000 pensionistas en mí­nimos, 1.270.000 (el 47%) perceptores de pensiones mí­nimas de jubilación e incapacidad permanente mayores de 65 años, en cumplimiento del Acuerdo de pensiones de abril de 2001, no tendrán revalorización adicional ninguna, tampoco las 720.000 pensiones de viudedad de más de 65 años, aunque algunas pocas de ellas se beneficiarán de la mejora general en el porcentaje de la base reguladora.

En conclusión, si sumamos esos colectivos, los de jubilación e incapacidad más los de viudedad de más de 65 años, aproximadamente el 73% de los perceptores de pensiones mí­nimas no tendrán mejora alguna en 2003. Al igual que en 2002, los más de 484.600 perceptores de pensiones no contributivas tampoco verán mejorada su escasa pensión. En conclusión, el próximo año algo más de 2.400.000 pensionistas en mí­nimos (incluidos los perceptores de las pensiones no contributivas) no verán mejorada la capacidad adquisitiva de sus pensiones.

En cuanto a las mejoras, estas oscilan entre 6 y 1,4 euros al mes. La mejora en el 1,5% de las 100.000 pensiones mí­nimas de viudedad de menos de 65 años supone una mejora de 4,9 euros de media al mes. La mejora de las 334.300 pensiones SOVI supondrá tan solo 1,4 euros mensuales. La mejora de las pensiones de orfandad y en favor de familiares supondrán tan solo 1,7 euros mensuales. De media, la ganancia de poder adquisitivo de las algo más de 700.000 pensiones que se mejoran es de tan sólo 2,5 euros al mes.

Respecto a las pensiones de viudedad, en contra de lo que dice el Gobierno, el incremento con carácter general del porcentaje del 46 al 48% tiene una escasa incidencia sobre las pensiones en mí­nimos ya que si bien se aplica a 2,1 millones de pensionistas de viudedad, los que verán incrementada su pensión por ese efecto serán bastantes menos. Y es que esa mejora sólo beneficiará a aquellas pensiones con una base reguladora superior a 835 euros, es decir a una insignificante minorí­a, pues para las pensiones con una base menor las mejoras serán absorbidas por los mí­nimos.

Otro año más, el Gobierno sigue sin mejorar la capacidad adquisitiva de las pensiones no contributivas lo cual alimenta iniciativas en el ámbito autonómico, y más a partir de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, para incrementarlas en esos ámbitos de competencia. El Gobierno renuncia una vez más a mejorar la situación de los ciudadanos en peor situación, evitando desigualdades entre los pensionistas según la Comunidad donde residan.
La UGT desea que el Gobierno haya atendido, entre otras, dos peticiones concretas en nuestras observaciones al proyecto de Real Decreto sobre revalorización de las pensiones. La primera, el incremento de las prestaciones familiares.

Habiéndose aprobado por el Gobierno el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2001-2004, entre cuyas reformas se contemplan la actualización de las cuantí­as de las prestaciones periódicas por hijo a cargo no minusválido, la UGT viene denunciando la no actualización de estas prestaciones, las más cicateras de toda Europa, así­ como la no ampliación del lí­mite máximo de ingresos anuales para tener derecho a las prestaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a cargo lo que reduce todaví­a más su ámbito protector.

La segunda, que se proceda a retirar la modificación, que figuraba en el proyecto de ese Real Decreto, en las pensiones de orfandad mediante la cual estas pensiones se extinguirí­an en caso de adopción. Es opinión de la UGT que existen otras prioridades respecto a estas pensiones, como es elevar la escasa cuantí­a de las pensiones mí­nimas de orfandad y la protección del huérfano absoluto cuando sus padres conviví­an sin ví­nculo matrimonial.

UGT considera que existe margen suficiente para un incremento mucho mayor de las pensiones mí­nimas algunas de las cuales siguen siendo de pura supervivencia. El importante excedente de la Seguridad Social en los últimos años y el que se prevé para el presente ejercicio, aconseja destinar mayores recursos a mejorar las pensiones mí­nimas. UGT no firmó el Acuerdo de Pensiones de abril de 2001, entre otras razones porque alargaba en exceso (12 años ) la financiación de los complementos de mí­nimos de pensiones con recursos públicos lo que limita de forma importante las posibilidades de mejora de las prestaciones de la Seguridad Social, pero también porque excluí­a de la mejora de las pensiones mí­nimas a los pensionistas de más de 65 años y también a los perceptores de pensiones no contributivas.

En definitiva, otro año más, la revaloración de algunas pensiones mí­nimas por encima de la inflación se utiliza por el Gobierno de forma demagógica creando falsas expectativas en los pensionistas cuando las posibilidades del sistema de Seguridad Social permiten incrementos mucho mayores.