La subida del 2% del Salario Mí­nimo Inteprofesional (SMI) para el 2003, aprobada por el Consejo de Ministros, vuelve a evidenciar el talante regresivo de la polí­tica laboral y social del Gobierno, que un año más condena a los perceptores de este salario a perder poder adquisitivo (acumulan una pérdida de 4,5 puntos en los últimos tres años).

El Gobierno profundiza así­ en la marginación del colectivo de trabajadores con ingresos más reducidos, que perciben una remuneración de su trabajo claramente insuficiente según el criterio establecido en la Carta Social Europea (alcanzar una cuantí­a equivalente al 60% del salario medio de nuestro paí­s). De hecho, el SMI español supone tan sólo el 37% del salario medio, 23 puntos por debajo del nivel que la Carta Social Europea considera digno.

UGT denuncia que el Ministro de Trabajo ha incumplido su compromiso de abrir un proceso negociador sobre el contenido y perspectivas de esta renta, tal y como anunció en el mes de julio, y afirma que continuará situando en el centro de las reivindiciones sindicales un SMI digno, de al menos lo que recomienda la Carta Social Europea: 600 euros al mes. Asimismo, el Sindicato reclamará en los programas electorales de los partidos polí­ticos: la sustitución del SMI como referente de polí­ticas presupuestarias ajenas al ámbito laboral y el establecimiento de una cláusula de revisión automática.

El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado, como era previsible, una actualización del SMI para 2003 del 2%, lo que supone un incremento de tan sólo 9 euros, situándose en una cuantí­a de 451,2 euros al mes. Con esta decisión, el Gobierno vuelve a poner de relieve el carácter fuertemente regresivo de sus polí­ticas laborales y sociales, al profundizar la marginación del colectivo de trabajadores con ingresos más reducidos, que acumulan ya una pérdida de 4,5 puntos de poder adquisitivo en los últimos 3 años, y que perciben una remuneración de su trabajo claramente insuficiente según el criterio establecido en la Carta Social Europea.

Nuestro SMI es el más bajo de la UE, tras el existente en Portugal, y viene perdiendo continuamente poder de compra, elevando las desigualdades existentes con los perceptores de otras rentas y fomentando la descohesión social. El SMI español supone tan sólo el 37% del salario medio de nuestro paí­s, 23 puntos por debajo del nivel que la Carta Social Europea considera digno.

Pese a ello, el Gobierno del PP viene incrementando el SMI año tras año tan sólo en la previsión oficial del IPC, el 2% en los últimos cuatro años, incumpliendo no sólo la citada recomendación de la CSE, sino el propio Estatuto de los Trabajadores, que fija cuatro criterios que deben ser tenidos en cuenta para actualizar esta renta laboral básica y que el Ejecutivo desprecia.

Con la actualización acordada hoy, el Gobierno condena a los perceptores del SMI a perder de nuevo poder adquisitivo en 2003, y confirma su desinterés por abrir un proceso negociador sobre el contenido y perspectivas de esta renta, como venimos reclamando desde UGT conjuntamente con CCOO, algo que anunció en el mes de julio el Ministro de Trabajo pero que finalmente ha incumplido.

Por ello, la dignificación del SMI continuará siendo centro de las reivindicaciones sindicales de polí­tica salarial. El objetivo es lograr un SMI de al menos 600 € al mes, cifra equivalente al 60% del salario medio que recomienda la Carta Social Europea. En este sentido, la inclusión en todos los convenios de un salario mí­nimo garantizado de al menos esa cuantí­a posibilitará la integración del colectivo de trabajadores con menores ingresos en el mercado laboral de forma digna.

Asimismo, UGT solicitará la inclusión en los programas electorales de los partidos polí­ticos de las tres lí­neas de actuación que contiene la propuesta conjunta con CCOO que hemos presentado al Gobierno: sustitución del SMI como referente de polí­ticas presupuestarias ajenas al ámbito laboral; establecimiento de una cláusula de revisión automática para dar cumplimiento al mandato establecido en el artí­culo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores; y actualización de su cuantí­a hasta el nivel equivalente al 60% del salario medio de nuestro paí­s.