El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de hoy un Salario Mí­nimo Interprofesional de 451 euros para el próximo año 2003. Su decisión ha sido adoptada de forma unilateral y sin tener en cuenta ninguna de las sugerencias realizadas por CC.OO. y UGT.

La decisión del Gobierno implica bastante desprecio hacia los miles de trabajadores afectados y está sustentada en dos causas, ambas reprobables:

– Una apuesta por la competitividad mediante bajos salarios.

– Conseguir el máximo ahorro posible en el pago de prestaciones económicas públicas.

Las personas afectadas por el SMI han perdido cinco puntos de poder adquisitivo en el periodo 1999-2002. Desafortunadamente, la falta de control sobre la inflación puesta de manifiesto de forma reiterada por las autoridades económicas y la negativa del Gobierno a actualizar el SMI durante los ejercicios presupuestarios, anticipa una nueva pérdida de poder adquisitivo en el próximo año.

Los 451 euros mensuales fijados para el próximo año están bastante lejos del mí­nimo de dignidad que deberí­amos buscar en una sociedad desarrollada. Esta cantidad, junto a la falta de ayudas públicas adicionales, como por ejemplo en vivienda, impide el acceso de los trabajadores a muchos bienes básicos. La cuantí­a establecida tan sólo favorece a los empresarios poco emprendedores, enviándoles un mensaje para no realizar inversiones en capital que incrementen su nivel de productividad.

La no actualización del SMI como mí­nimo a los niveles de inflación soportados por la sociedad española implican un nuevo recorte a la prestación asistencial por desempleo. Las personas más desfavorecidas, quienes no tienen empleo ni rentas alternativas, deben vivir con 338,25 euros mensuales, una cantidad claramente insuficiente para hacer frente a sus necesidades mí­nimas.

CC.OO. considera que la decisión del Gobierno muestra su cara menos social penalizando fuertemente a los afectados. A la vez, conjuga su cara más intransigente y menos negociadora al despreciar las múltiples sugerencias planteadas por los sindicatos mayoritarios:

– Sustituir el SMI como referente de las polí­ticas públicas elaborando un parámetro distinto calificado como renta mí­nima.

– Establecer la actualización del SMI aplicando una cláusula de revisión automática.

– Actualizar el SMI en 2003 buscando alcanzar de forma progresiva el 60% del salario medio neto recomendado en la Carta Social Europea.