Las autoridades argentinas deben asegurar que las fuerzas de seguridad respeten el derecho a la manifestación pací­fica, advirtió Amnistí­a Internacional en ví­speras de las manifestaciones populares programadas para el 19 y 20 de diciembre para marcar los trágicos eventos de diciembre de 2001, cuando más de 30 personas perdieron la vida durante manifestaciones realizadas en Argentina.

"Las autoridades tienen una obligación de permitir las manifestaciones publicas pací­ficas y de evitar en todo momento el excesivo uso de la fuerza," recalcó Amnistí­a Internacional.

Amnistí­a Internacional hace un llamamiento a las autoridades argentinas para que las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley reciban el mensaje claro de respetar los derechos básicos de los manifestantes como son el derecho a la vida y a la integridad fí­sica. Así­ mismo no se deben repetir los lamentables incidentes que han marcado manifestaciones anteriores en donde se han violado normas internacionales sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego.

Algunas de las manifestaciones realizadas a raí­z de la crisis económica por la que atraviesa el paí­s han sido controladas con excesivo uso de la fuerza dejando muertos y serios saldos de heridos. La organización enfatiza la importancia de adelantar las investigaciones relacionadas con tales hechos con todo rigor e independencia y continuarlas con toda diligencia y transparencia.

"Amnistí­a Internacional reconoce la responsabilidad de las autoridades de mantener el orden publico. Sin embargo la organización hace hincapié en que toda operación policial debe llevarse a cabo en el marco de la ley," dijo la organización.

Amnistí­a Internacional también resaltó que lo que ha provocado la movilización social es el grave deterioro en cuanto a la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales en el paí­s. Las polí­ticas que implemente el gobierno argentino en colaboración con otros gobiernos e instituciones intergubernamentales para responder a la crisis deben tomar en cuenta las obligaciones vinculantes que imponen las normas internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

La República Argentina es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este Pacto establece en su Artí­culo 2.1 que cada uno de los Estados partes se comprometen a adoptar medidas tanto por separado, como mediante la asistencia y la cooperación internacionales especialmente económicas y técnicas para lograr por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos reconocidos por el Pacto. Estos derechos incluyen, entre otros, el derecho al trabajo, a un nivel de vida adecuado, a la salud y a la educación.

Amnistí­a Internacional hace un llamamiento para que durante el actual periodo crí­tico de tensión social y escalada de movilizaciones populares se tomen en cuenta estos derechos y se adelanten las medidas necesarias, como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para reconocer estos derechos reconociendo en esta forma la indivisibilidad de los derechos humanos.