CCOO denuncia que, una vez agotado el trámite de enmiendas tanto en el Congreso como en el Senado para las leyes de Acompañamiento y de Presupuestos Generales del Estado para 2003, el Sindicato ha podido comprobar con inquietud que el Gobierno ha introducido una redacción malintencionada en una de las enmiendas necesarias para dar viabilidad al Acuerdo mencionado.

El problema se produce cuando en la enmienda para la modificación del artí­culo 20 de la Ley de Presupuestos de 2003, al sustituir la anterior Tasa de Reposición del 25% por otra del 100% como exige el Acuerdo, el Gobierno ha colado, de rondón y unilateralmente, las siguientes tres modificaciones que perjudican notablemente la creación de empleo.

1.- La enmienda dice que en la oferta de empleo de 2003, se incluirán todos los puestos y plazas desempeñados por personal interino, nombrado o contratado en los dos ejercicios anteriores; hasta aquí­, bien. Lo que añade la enmienda, que no tiene que ver en absoluto con el espí­ritu del Acuerdo, es que estos puestos de interinos restan del 100% de la oferta posible. Es decir: se incorporan como parte del 100% de la oferta, mientras que hasta la fecha, la consolidación de interinos no restaba de la oferta.
2.- Asimismo, introduce la enmienda otro efecto perverso, consistente en que para el año 2003, en caso de contratar interinos, estas contrataciones serán también consideradas parte de la oferta.
3.- Otra grave modificación que introduce la enmienda consiste en que hace desaparecer de la Ley las excepciones a la tasa de reposición que anteriormente contení­a, tales como municipios de menos de 50 mil habitantes, servicios de extinción de incendios, personal investigador, etcétera.
Las modificaciones incluidas unilateralmente por el Gobierno son la primera demostración de su mala fe negocial, en cuanto una de las lí­neas directrices que animaron la negociación y firma del Acuerdo era la recuperación de una oferta de empleo que permitiera la lucha contra la precariedad.

CCOO, nada más conocer la intención del Gobierno, ha hecho las gestiones oportunas ante el MAP y la Federación Española de Municipios y Provincias, para la corrección de esta situación, que vulnera de manera grave el espí­ritu de buena fe que debe presidir, en las relaciones laborales, los acuerdos alcanzados.