CC.OO. y UGT, junto a las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, decidimos la pasada semana que, ante una catástrofe de una magnitud excepcional en términos humanos, medioambientales y económicos, debí­amos "proponer medidas de apoyo a la mayor brevedad posible, que puedan paliar los daños originados por la marea negra, atendiendo especialmente a sus consecuencias en materia de empleo, actividad económica y medio ambiente".

Tras varias conversaciones entre las cuatro organizaciones, llegamos a la conclusión de que nuestras propuestas debí­an enmarcarse en los ámbitos que son de nuestra responsabilidad directa: el empleo y la actividad empresarial. En definitiva, hemos creí­do necesario establecer medidas dirigidas a los colectivos de trabajadores y empresarios afectados, directa o indirectamente, por los efectos de la marea negra en las costas gallega y cantábrica. Medidas dirigidas al mantenimiento y la creación de empleo, al mantenimiento y la recuperación de la actividad económica, y a la formación profesional.

UGT y CC.OO. creemos que la magnitud de la catástrofe obliga a hacer todos los esfuerzos adicionales y excepcionales que sean necesarios y contar con todos los recursos posibles para hacer frente a la misma. Las organizaciones sindicales hemos querido promover, junto a las organizaciones empresariales, medidas que corresponden a nuestro ámbito de actuación, aplicables de manera general y que significaran una expresión indudable de compromiso y de apoyo. Esto nos ha llevado a proponer dos ví­as de financiación complementarias y que respetaran las actuales prestaciones sociales y su financiación especí­fica:

–  La primera, la constitución de un fondo de 198 millones de euros financiado mediante la cotización extraordinaria durante el año 2003 de un 0,1%, repartido a partes iguales entre trabajadores y empresarios. Obviamente, esto requiere que el Gobierno promueva las normas jurí­dicas necesarias para ello.
–  La segunda, que el Gobierno pudiera participar en este fondo con una cuantí­a equivalente a la aportada por cada uno de los colectivos anteriores. En todo caso, nos referimos siempre a fondos que deben tener un carácter complementario y no sustitutivo respecto de las ayudas públicas que procedan.

Con estas medidas adicionales y excepcionales hemos querido contribuir a paliar los efectos del desastre. Ante una situación así­ nadie puede permanecer pasivo. Por ello no hemos querido limitarnos a explicar lo que otros no hacen, aun siendo su obligación y debiendo hacerlo. Estamos en nuestro derecho de reclamar al Gobierno la reconsideración, aunque fuera parcial, de una reforma fiscal que detraerá de las arcas del Estado 4.000 millones de euros, justo en el momento de mayor necesidad. Estamos en nuestro derecho de exigir una polí­tica presupuestaria que permita mayores inversiones en medios e infraestructuras que ayuden a evitar estas catástrofes. Estamos en nuestro derecho de exigir la elaboración de normas que eviten estas catástrofes y penalicen duramente a sus infractores. Pero nosotros queremos actuar y contribuir de forma eficaz a resolver un problema, no sólo señalar las más que notables carencias en las actuaciones de otros.

Lamentablemente, el Gobierno hace imposible que prospere esta propuesta de apoyo al empleo y a la actividad económica. El Gobierno rechaza que las organizaciones sindicales y empresariales podamos constituir un fondo extraordinario de 198 millones de euros mediante una cotización extraordinaria porque "dicha medida supondrí­a establecer una carga obligatoria para millones de ciudadanos que no es estrictamente necesaria para dar solución a la cuestión ante la que nos encontramos". No es comprensible ni aceptable que el Gobierno impida este esfuerzo propuesto por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Es una propuesta que, además, no es en ningún caso incompatible con la decisión del Gobierno de generar otro fondo o de participar en esta propuesta tal y como habí­amos sugerido. La verdadera causa apunta a su obsesión por disminuir la presencia del sector público en la economí­a.

El Gobierno, frente a nuestra propuesta, sugiere establecer un fondo a partir de un crédito extraordinario proveniente de los recursos públicos, manifestando su coincidencia con nuestra propuesta y agradeciendo el gesto de solidaridad. Sin embargo, parece que este fondo no se dotará más que con los excedentes de cuotas sociales, aportadas por trabajadores y empresarios. Cuotas que, tal y como venimos reclamando desde hace tiempo, deberí­an destinarse en su integridad a los objetivos finales para los cuales se recaudan y permitir la mejora de los sistemas de protección social y las polí­ticas activas de empleo. En el caso de que el Gobierno se proponga utilizar el presupuesto del INEM para la constitución del fondo, deberí­a incrementar la aportación del Estado en la cuantí­a que se considere necesaria para ello, sabiendo que hoy su aportación es nula.

En definitiva, no se trata de propuestas coincidentes ni en el fondo ni en la forma. El Gobierno no es capaz de reaccionar ante una situación extraordinaria con la reconsideración de sus medidas fiscales y presupuestarias, y además hace inviable nuestra propuesta de apoyo excepcional al empleo y a la actividad económica.
CC.OO. y UGT seguiremos, en cualquier caso, impulsando cuantas medidas de apoyo sean necesarias para conseguir paliar en lo posible el enorme daño generado en las costas gallega y cantábrica