La denuncia, interpuesta en el juzgado de guardia de los juzgados de Barcelona el 19 de diciembre de 2002, responsabiliza como inductores de la represión y criminalización hacia los participantes en la Huelga General, al Presidente del Gobierno español, José Marí­a Aznar, al entonces Ministro del Interior, Mariano Rajoy, a la Delegada del Gobierno en Catalunya, Julia Garcí­a-Valdecasas y al Alcalde de Barcelona, Joan Clos.

En el texto de la denuncia se señala como, los denunciados, de forma conjunta, diseñaron el operativo policial, dirigido por la Policí­a Nacional, con la colaboración de la Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos d\\’Esquadra, con el que procuraron reventar la Huelga General, acosando y amedrentando a los piquetes informativos, efectuando detenciones y violentas cargas policiales e intentando conculcar el derecho de manifestación y expresión del pueblo durante toda la jornada.

Asimismo, tanto desde la Moncloa, como desde la Delegación del Gobierno en Barcelona, desde semanas antes al 20-J, se habí­a puesto en marcha, con la colaboración de medios de comunicación públicos y privados, una campaña mediática de desprestigio, criminalización y amenazas, sobre todo hací­a los movimientos sociales, que prepararon el escenario de violencia, detenciones y brutalidad policial del 20-J.

Los cinco denunciantes, Abraham Cembrero, David Montilla, Elvira Ruiz, Javier Jabalera y Juanjo Nora, como tantos y tantas otros y otras aquel dí­a, fueron detenidos una vez acabadas las manifestaciones que recorrieron Barcelona la tarde del 20-J. Todos fueron golpeados, insultados y vejados en el momento de la detención por miembros de la Policí­a Nacional y la Guardia Urbana y trasladados a la comisarí­a de la Verneda, donde permanecieron hasta el sábado 22 de junio que fueron puestos en libertad. Los partes médicos aportados como pruebas demuestran la bestial actuación policial.

En los posteriores juicios a que fueron sometidos los cinco, acusados de atentado, desordenes públicos y daños, tres de ellos salieron absueltos y a los otros dos se les impusieron multas de 30 euros dadas la falta de pruebas y las mentiras y contradicciones de los atestados policiacos y de los policí­as que testificaron en su contra.

Los cinco hacen responsables de todo ello, además de a los policí­as que realizaron las detenciones, a los ya mencionados, acogiéndose al artí­culo 28 del Código Penal que establece que \"son autores quienes realizan el hecho por sí­ solos, conjuntamente o por medio de OTRO DEL QUE SE SIRVEN COMO INSTRUMENTO\", y que en su apartado a) indica que también se considerarán autores los que INDUCEN DIRECTAMENTE a otro u otros a ejecutarlo.

Los hechos que se sucedieron en todo el Estado el 20-J no fueron una excepción. Hay que enmarcarlos en el proyecto fascista del Partido Popular, el capital y la banca de creación de un Estado policial y dictatorial, de una sociedad asustada e insolidaria, carente de criterio propio y colectivo como factor transformador del sistema. La mentira de la democracia parlamentaria y el Estado de Derecho se camufla tras la realidad de la represión dura y pura contra toda voz o movimiento disidente. Ejemplos de ello hay todos los dí­as desde la llegada -antes también- del Partido Popular al poder. En una sociedad dominada por la \"comunicación y la información\" es fácil convertir en terrorista, delincuente o enemigo publico número 1 a todo aquel o aquella que no comulga con el sistema imperante. Y si esto no funciona, la violencia toma el relevo: persecución, torturas, detenciones, cárcel, aislamiento... Ya se encargaran los medios de comunicación afines y los diversos gabinetes de prensa de transformar a la ví­ctima en culpable, al que está sufriendo el terrorismo de Estado en terrorista internacional.

La interposición de esta denuncia pretende ser una espinita más clavada en el corazón del sistema. Esta actuación no es un seguimiento de las \"reglas del juego democrático del Estado de Derecho\", en el que se supone que los ciudadanos y ciudadanas poseen mecanismos para defenderse y combatir la injusticia. Es patente, todos los dí­as, la mentira que encierran estas palabras. El destino de esta denuncia penal -ojalá no sea así­- es conocido: posiblemente el archivo o la papelera.

Pero, aún siendo conscientes de ello, se ha llevado a cabo, por que uno de los objetivos, además de procesar penalmente a los denunciados, es poner una vez más en evidencia las contradicciones, la corrupción, la depravación y perversión de un sistema, de un \"Estado de Derecho\" que no respeta ni sus propias leyes, que hace de su legalidad instrumento en manos del poderoso, amparando a sus esbirros y dándoles patente de corso para el aplastamiento de toda resistencia con los medios caracterí­sticos de las dictaduras fascistas.

Pese a todo ello, la lucha sigue, en todos y sus diversos frentes. Ahora se ha abierto éste, pequeño y modesto dentro de sus posibilidades, que intenta que los mismos que la recetan prueben su propia medicina.

La denuncia es abierta y quiere convertirse en una iniciativa popular a la que se sume todo aquel y aquella que lo desee, ya sea a tí­tulo individual, ya sea como organización o colectivo. Para más información se puede llamar al 609 70 28 04 o al e-mail zambomba@mixmail.com