El OCP, es un polémico proyecto de construcción de un oleoducto de 503 kilómetros, que unirá las concesiones petrolí­feras de la Amazoní­a ecuatoriana con el puerto atlántico de Esmeraldas. Esta obra ha sido rechazada por ONGs, como Ecologistas en Acción, Urgewald de Alemania y Oilwatch de Ecuador, por las poblaciones afectadas y por los pueblos indí­genas, cuyos territorios están amenazados por la ampliación de las explotaciones petrolí­feras que ocasionará la construcción del OCP.

El consorcio OCP está formado por siete empresas: Encana (Canadá, 31,40%); Repsol-YPf (España, 25,69%); Petrobras (Brasil, 15%), Occidental Petroleum (Estados Unidos, 12,20%); ENI-AGIP (Italia, 7,50%), Techint (Argentina, 4,1%) y Perenco (UK, 4%).

El proyecto, con un presupuesto de 1.300 millones de dólares, está financiado por los bancos WestLB (Alemania), BNL y Unicrédito (Italia), Banco Spiritu Santo (Portugal), Bank of Scotland (Gran Bretaña), BBVA y Caja de Madrid (España).

La oposición de la población ecuatoriana al proyecto, el cual reportará un 85% de beneficios a manos privadas y el resto irá a aliviar la Deuda Externa de Ecuador, ha sido ejemplar. En marzo de 2002 fueron desalojados, encarcelados y desalojados 17 activistas en la selva montañosa de Guarumos, después de obstaculizar durante 3 meses el avance del trazado del oleoducto. En mayo, el ejército desalojó varios campamentos de campesinos que simultáneamente habí­an instalado en el trazado del OCP para protestar por el proceso de expropiación forzada. La ciudad de Lago Agrio, capital de la provincia petrolera de Sucumbí­os, fue militarizada después de varios dí­as de bloqueo de los pozos petroleros. Hasta ahora 44 personas han sido encarceladas por mostrar su oposición al megaproyecto.

La campaña internacional contra el oleoducto se inició en Alemania e Italia presionando a los bancos de ambos paí­ses para que retiren el préstamo a un proyecto que no cumple las normas ambientales impuestas por el Banco Mundial. Esto fue demostrado tras las visitas de diputados italianos y alemanes a Ecuador y del informe "Robert Goodland". En diciembre de 2002, se reunieron en Alemania representantes de 20 organizaciones de 8 paí­ses para articular una campaña conjunta de presión a los bancos para que retiren el apoyo financiero al proyecto.

En el Estado español, una delegación formada por representantes de Acción Ecológica, Campesinos de Lago Agrio e indí­genas Kichwa de Sarayacu realizan una gira denunciando la complicidad de BBVA, Caja Madrid y Repsol-YPF en el OCP.

En Madrid se han reunido con represantes sindicales de la empresa Repsol-YPF para presionar a la empresa para que cambie su actuación que repercute muy negativamente en las poblaciones y el medio ambiente. Repsol-YPF, promotora del consorcio OCP, tiene en la Amazoní­a ecuatoriana 3 concesiones petroleras que invaden ecosistemas muy frágiles como el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera Yasuni. También invade el territorio indí­gena Huaorani, donde el 85% de la población ha sido contagiada de hepatitis tras el contacto con los trabajadores de la compañí­a al invadir sus tierras.

Nathalie Weemaels (Acción Ecológica, Ecuador), Manuel López (Campesino afectado de Lago Agrio), Mario Santi (Representante indí­gena Kichwa de Sarayacu): 915 31 23 89 - 686 07 32 68