El IPC de noviembre no apunta ningún cambio de tendencia: la inflación sigue descontrolada por la actitud irresponsable de algunos sectores empresariales y por la ineficacia del Gobierno para hacer frente a esta situación.

Los datos desacreditan su polí­tica económica: la tasa anual de inflación es dos puntos superior a la previsión oficial; la media, relevante para calcular la variación del poder adquisitivo de las rentas, es del 3,5% y la inflación subyacente se sitúa en el 3,6%. Por todo ello, UGT insiste en que esta situación perjudica a los trabajadores (el incremento salarial medio pactado en la negociación colectiva es del 3,%), por lo que se demuestra cada dí­a más que son imprescindibles las cláusulas de revisión salarial que garanticen el poder de compra.

Para el sindicato, además de medidas eficaces para reducir la inflación estructural y el mayor compromiso de las Administraciones Públicas en el objetivo de moderar la inflación, es necesario también establecer los mecanismos que permitan recuperar las desviaciones de precios a los colectivos más afectados, como son los perceptores de SMI, desempleados y los empleados públicos, similares a los que existen para las pensiones.

Datos básicos

Mensual: 0,2%, una décima menos que en noviembre del pasado año.
Acumulada: 3,7%.
Anual: 3,9%, una décima menos que en octubre.
Subyacente: (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos): 3,6%.
Servicios: 4,5%.
Armonizado: 3,9%.

El dato del IPC del mes de noviembre no refleja ningún cambio relevante en la negativa situación estructural de nuestra inflación, lo que en sí­ mismo ya constituye una mala noticia.

Más allá de la valoración puntual de lo sucedido en el mes con algunos componentes concretos (variaciones mensuales que la metodologí­a del nuevo IPC amplifica, reduciendo su relevancia para el análisis de fondo), lo importante es que no se observa ningún cambio de tendencia en un IPC que lleva demasiado tiempo descontrolado por la actitud irresponsable de las empresas de algunos sectores y por la ineficacia del Gobierno en materia de control de precios, lo que desacredita la polí­tica económica general practicada.

Los datos no ofrecen signos de optimismo:

– la tasa anual se sitúa en el 3,9%, casi dos puntos por encima de la increí­ble previsión del Gobierno (2%), y la inflación media a lo largo del año, la relevante para calcular la variación del poder adquisitivo de las rentas, es del 3,5%, todo ello en una situación de crecimiento económico muy moderado, lo que hace la situación más preocupante;

– la inflación subyacente, que elimina los componentes de comportamiento más volátil, se sitúa en el 3,6%, reflejando que la resistencia a bajar de la inflación tiene causas de fondo que el Gobierno no sabe atacar;

– la tasa de inflación eliminando únicamente los productos energéticos alcanza el 4%, lo que significa que los precios de estos productos, dependientes básicamente de la evolución del precio del petróleo, está favoreciendo ahora la inflación general; dicho de otra forma, un repunte de los precios del petróleo, sobre los que no tenemos control, dispararí­a la inflación a niveles insoportables;

– la inflación en el sector servicios continúa en niveles desorbitados (4,5% anual), reflejando las tensiones endémicas en este sector derivadas de la falta de competencia en gran número de actividades, con la pasividad del Ejecutivo.

Todo ello está perjudicando gravemente al colectivo de trabajadores:

– el incremento salarial medio pactado en la negociación colectiva se sitúa en el 3%, medio punto por debajo de la inflación media, lo que significa que los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo, a la vez que muestra como las tensiones inflacionistas tienen causas distintas de la evolución de los salarios;

– en este sentido, la inclusión en todos los convenios de cláusula de garantí­a salarial, que preserven el incremento pactado de las desviaciones de la inflación, resulta un elemento imprescindible del modelo de negociación salarial, garantí­a de la moderación salarial, puesto que sin las mismas los incrementos salariales pactados deberán ser mucho más elevados;

– los perceptores del SMI, que vieron incrementadas sus retribuciones tan sólo en el 2% (como viene siendo habitual) volverán a perder este año poder adquisitivo, profundizando la marginación que vienen sufriendo año tras año por el Gobierno. En este sentido, UGT y CC.OO. hemos reclamado la apertura de un proceso negociador sobre el tratamiento global de esta renta laboral básica, con el objetivo último de situar su cuantí­a en un perí­odo plurianual corto en un nivel equivalente al 60% del salario medio neto de nuestro paí­s, tal y como recomienda la Carta Social Europea, lo que supone alcanzar un salario mensual de al menos 600 euros;

– por otro lado, el IPC del mes de noviembre conocido hoy es la referencia utilizada a la hora de fijar la revalorización de las rentas de los más de 8 millones de pensionistas existentes en nuestro paí­s. Dado que para este año la actualización de dichas rentas fue del 2%, previsión inicial del Gobierno, y que la tasa interanual de noviembre se ha situado en el 3,9%, procede ahora llevar a cabo una revisión de 1,9 puntos porcentuales en el primer trimestre del próximo año, con carácter retroactivo y consolidable, en cumplimiento del acuerdo alcanzado por todas las fuerzas polí­ticas, UGT y CC.OO. en 1996, que permite que los pensionistas no sufran una pérdida de poder adquisitivo cuando no se cumple el objetivo de inflación, como viene sucediendo en los últimos años.

En definitiva, desde UGT reclamamos al Gobierno que aborde medidas eficaces para reducir la inflación estructural de nuestro paí­s, que se mantiene en niveles muy elevados, debido al comportamiento de las empresas de algunos sectores que aprovechan situaciones de escasa competencia.

Igualmente, solicitamos un mayor compromiso al conjunto de las Administraciones Públicas con el objetivo de moderar la inflación, adecuando las actualizaciones de tasas, precios públicos y regulados sobre los que tienen competencia, a la previsión del Gobierno del 2%.

En todo caso, UGT reitera la necesidad de establecer los mecanismos necesarios en cada caso para recuperar las desviaciones de inflación sobre los colectivos más afectados (empleados públicos, perceptores del SMI, desempleados), para que su poder adquisitivo no se vea mermado en un momento en el que es necesario sostener el nivel de demanda para minimizar los efectos de la desaceleración económica. En este sentido, desde UGT solicitamos el establecimiento de sistemas de revisión automáticos, a semejanza del existente para las pensiones, para los colectivos que perciban rentas mí­nimas y asistenciales.