Ecologistas en Acción denunció estos hechos en Bruselas y el resultado es que la Comisión Europea actuará ante el Gobierno español abriéndole un "procedimiento de infracción" por haber permitido este destrozo en un Lugar de Interés Comunitario.

La Comisión Europea considera que ha existido una posible vulneración de las obligaciones que le incumben al Estado español para la conservación de los L.I.C. de acuerdo con la Directiva Hábitat de fecha 21 de mayo de 1992.

Existe un error generalizado entre las distintas administraciones públicas almerienses sobre el nivel de protección de los L.I.C. En concreto, el Ayuntamiento de Ní­jar y la Universidad de Almerí­a han tenido el atrevimiento de manifestar públicamente que no tienen constancia de que los L.I.C. estén protegidos por tratarse de una mera propuesta del Gobierno español a Bruselas y no estar los L.I.C. aún aprobados definitivamente por Bruselas. La Consejerí­a de Medio Ambiente y la Comisarí­a de Aguas también han hecho oí­dos sordos a nuestra advertencia de que un lugar está protegido por la Directiva Hábitat desde el momento en que es propuesto como L.I.C.

Ahora las administraciones implicadas tendrán que explicar en Bruselas por qué han permitido y siguen permitiendo la destrucción del L.I.C. y que los invernaderos ilegalmente instalados en él continúen siendo explotados. También la empresa pública TRAGSA, dependiente del Gobierno central, tendrá que explicar por qué ha instalado y por qué no ha retirado las tuberí­as que suministran agua a estos invernaderos ilegales. La Compañí­a Sevillana-Endesa también deberá retirar las conducciones eléctricas y esperemos que también abone una fuerte sanción por haber permitido la conexión a la red eléctrica de estos invernaderos ilegales instalados en pleno L.I.C.

Donde antes existí­an montes, ramblas y especies protegidas ahora sólo hay un desierto plano. Ecologistas en Acción exigirá en Bruselas que el Estado español reponga los montes y las ramblas en su sitio y que el coste de la operación lo abonen los responsables de la COAG y la Universidad de Almerí­a de su patrimonio personal.

En esta operación ilegal de convertir una zona protegida en terreno de cultivo intensivo se ha producido un enriquecimiento ilí­cito superior a los 4.000 millones de pesetas por lo que los infractores disponen de suficientes medios económicos para volver a colocar los montes y las ramblas en el lugar en que estaban, y reforestarlas.

Paralelamente a esta iniciativa en Bruselas, Ecologistas en Acción ha iniciado los trámites para exigir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucí­a, en la ví­a contencioso-administrativa, la restauración del L.I.C.
Ecologistas en Acción-Almerí­a .