Amnistí­a Internacional (AI) denuncia las afirmaciones cada vez más generalizadas de que la protección de los derechos Humanos es incompatible con la lucha eficaz contra el "terrorismo". Este convencimiento ha pretendido legitimar las medidas que han emprendido paí­ses como Estados Unidos, China y el Reino Unido. En este contexto internacional AI destaca la situación de la Federación rusa donde un manto de impunidad favorece las violaciones de los derechos humanos.

AI reclama la liberación inmediata e incondicional del periodista ruso Grigory Pasko, en prisión acusado de haber filtrado información a medios de comunicación extranjeros. En Nigeria, AI observa con suma preocupación la evolución de los últimos acontecimientos mientras continúa recogiendo firmas, - ya son más de 1.500.000-, a favor de la vida de Amina Lawal. La organización valora negativamente algunas de las medidas de los primeros 100 dí­as del gobierno de Álvaro Uribe en Colombia, que han supuesto un recorte significativo de las libertades.

Amnistí­a Internacional denuncia las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en la Federación Rusa contra mujeres, niños y minorí­as étnicas, sin olvidar la impunidad bajo la que actúa el ejército ruso y las violaciones de derechos humanos que cometen las fuerzas chechenas. Unas 14.000 mujeres mueren cada año como consecuencia de la violencia de género; más de 17.000 niños están cumpliendo condena en condiciones infrahumanas; AI ha documentado numerosas ejecuciones extrajudiciales y centenares de desapariciones en los últimos años.

AI considera al periodista Grigory Pasko preso de conciencia. En 1993 rodó imágenes que mostraban a un buque cisterna de la marina rusa arrojando residuos y munición radioactivos en el Mar del Japón. La grabación mostraba el grave peligro que representan para el medio ambiente los barcos, y más concretamente los submarinos nucleares de la Flota Rusa en proceso de descomposición radioactiva, su clara implicación en la contaminación de los mares. Fue declarado culpable de traición por un tribunal ruso por haber filtrado información secreta a los medios de comunicación japoneses. La vista para su libertad condicional tendrá lugar el próximo 25 de diciembre.

Los trágicos acontecimientos de las últimas semanas en Nigeria han tenido como consecuencia la muerte de más de 200 personas y la promulgación de la fatua contra la periodista Isioma Daniel. En este sentido, en una reciente carta enviada a presidencia del gobierno federal, AI solicita medidas urgentes que hagan efectivas las declaraciones de su Ministro de Información, Jerry Gana: "la constitución de la república federal es la ley suprema del estado y, según ella, el artí­culo publicado por el periódico This Day no constituye ningún delito. La directiva del gobierno del estado de Zamfara, por lo tanto, es nula y sin efecto". El gobierno nigeriano debe cumplir con su responsabilidad y actuar con la debida diligencia para proteger la vida de Isioma Daniel y la de las personas sentenciadas por tribunales de la Sharia a morir por lapidación o condenadas a castigos corporales. AI tiene constancia de que se están cumpliendo algunas de las sentencias de amputación y flagelación. La constitución federal nigeriana garantiza el derecho a la vida y prohí­be los castigos corporales.

En el contexto de recorte de libertades AI documenta las contundentes y negativas medidas adoptadas en los tres primeros meses de la presidencia de Álvaro Uribe en el informe que hoy ve la luz "Colombia, seguridad ¿a qué precio?". El gobierno colombiano ha decretado el estado de emergencia y ha promulgado el Decreto 2002, que limita drásticamente los derechos humanos. En virtud de este decreto el ejército puede detener a sospechosos y llevar a cabo registros domiciliarios sin orden judicial; en determinadas zonas del paí­s tiene el control absoluto y la policí­a acata sus órdenes directas. En algunas poblaciones ha llegado a prohibirse el acceso de extranjeros aún en misión humanitaria.

Amnistí­a Internacional recuerda al presidente Uribe que debe cumplir la resolución de 26 de noviembre de la Corte Constitucional que declara inconstitucionales algunas de las medidas clave del Decreto 2002; y que debe poner en práctica las recomendaciones de la ONU en el sentido de la protección de los defensores de derechos humanos, el desmantelamiento de grupos paramilitares y la lucha eficaz contra la impunidad.

Amnistí­a Internacional constata que la dicotomí­a que se plantea entre seguridad y derechos humanos es falsa ya que los derechos proclamados en los tratados internacionales- como el derecho a la vida, a no ser torturado o a ser juzgado con las debidas garantí­as-, son absolutos y deben ser respetados en todo momento aún en situaciones de emergencia pública. Varios son los gobiernos que han limitado los derechos de los extranjeros o de los nacionales nacidos en otros estados, que han endurecido su polí­tica de asilo o han ampliado las restricciones a los visados. Ciudadanos extranjeros son privados de libertad sin cargos ni juicio en el Reino Unido; se constituyen "comisiones militares" para juzgarlos como sospechosos de participar en actos de "terrorismo internacional" en Estados Unidos. China ha reformado su derecho penal para "castigar los delitos terroristas, garantizar la seguridad nacional y mantener el orden público". El clima de sospecha y desconfianza ha fomentado el racismo y la xenofobia; los prejuicios y la discriminación de las personas por motivos de origen o aspecto fí­sico están en las calles de innumerables ciudades del mundo.

Desde el 11 de septiembre, el trabajo de las organizaciones que promueven y reclaman la protección de los derechos universales, ha cambiado radicalmente; el retroceso paulatino de los valiosos logros conseguidos en este campo a lo largo de la historia, obliga a retroceder en el camino andado restando efectividad a las acciones emprendidas en favor de la evolución de los derechos humanos. El reto al que se enfrentan los Estados del mundo, 54 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasa por promover la seguridad sin dejar de garantizar a todas las personas el pleno disfrute de todos y cada uno de los 30 artí­culos que recoge la carta magna; sin sacrificarlos, su máxima debe ser hacer realidad su absoluto cumplimiento.