En el procedimiento que se sigue a partir de la Sentencia de la Audiencia Nacional que daba la razón a CC.OO. y anulaba la congelación salarial de los empleados públicos den el año 97, el Gobierno, representado por el Abogado del Estado, se ha visto obligado a reconocer que dicha sentencia afecta, al menos 622.000 empleadas y empleados públicos dependientes del gobierno central en aquel momento (Administración Civil del Estado, incluida Justicia y Docentes no universitarios, Personal de Correos, de la Seguridad Social, del Insalud, de Universidades y Personal Laboral).

Ese mismo informe recoge que las retribuciones de ese año tuvieron un importe de 1.905.124 millones de pesetas, por lo que la deuda, hasta el momento, serí­a:
Deuda 1997 (2.6%) 49.500.000.000
Subida 98 (2.1%) 50.570.000.000
Subida 99 51.483.000.000
Subida 2000 52.513.000.000
Total (hasta el año 2000) 204.066.000.000

Esa cifra de doscientos mil millones se verí­a incrementada ya que habrí­a que incluir a todo el personal de las administraciones autonómicas y locales cuyos salarios están limitados por la Ley de presupuestos con lo que se sobrepasarí­a el medio billón de pesetas.

Comisiones Obreras sigue exigiendo al Gobierno que se deje de dilaciones y empiece a negociar el pago de dichos atrasos que, además, se van incrementando con el paso del tiempo.