Durante muchos años, la organización ha documentado violaciones graves de tales derechos en Irak y se ha movilizado para que se proporcione la reparación correspondiente a las ví­ctimas de estas violaciones mediante los mecanismos internos e internacionales adecuados.

La declaración atribuida hoy a la secretaria general de Amnistí­a Internacional es en realidad un pasaje extraí­do de una declaración publicada por la organización en septiembre en respuesta a declaraciones y documentos de los gobiernos británico y estadounidense citando datos extraí­dos de informes publicados por Amnistí­a Internacional a lo largo de los años sobre abusos contra los derechos humanos cometidos en Irak.

Amnistí­a Internacional considera que los Estados no deben utilizar el argumento de la situación de los derechos humanos en Irak o en cualquier otro lugar conforme a sus intereses. El gobierno estadounidense y otros gobiernos occidentales hicieron oí­dos sordos a los informes de la organización sobre violaciones generalizadas de derechos humanos en Irak durante la guerra de este paí­s con Irán, e hicieron caso omiso de su campaña a favor de los miles de civiles kurdos no armados que perdieron la vida en los ataques perpetrados en 1988 contra Halabja.

A medida que se intensifica el debate sobre la pertinencia de la intervención militar en Irak, se va notando más la falta de previsión del respeto de los derechos humanos de la población iraquí­, que será consecuencia directa de cualquier posible acción militar.

La vida y la seguridad de los civiles han de ser los factores primordiales que se deben tener en cuenta en cualquier acción que se emprenda para resolver la catástrofe humana y la crisis de derechos humanos en el paí­s. Las intervenciones armadas llevadas a cabo en el pasado, en el Golfo y en otros conflictos, han puesto de manifiesto que, con demasiada frecuencia, los civiles se convierten en las bajas toleradas de la guerra.