Cuando se cumplen cinco años del Tratado de Prohibición Total de las Minas Antipersona, firmado en Ottawa el 3 y 4 de diciembre de 1997, aún hay 340 millones de minas en el mundo, según un informe que Médicos Sin Fronteras e Intermón Oxfam harán público esta semana coincidendo con la presentación del libro Vidas Minadas: Cinco Años Después, del fotoperiodista Gervasio Sánchez.

De los 340 millones de minas, 110 millones están sembradas, mientras que 230 millones están almacenadas en un total de 94 paí­ses. Con los recursos que se emplean actualmente para el desminaje, se estima que serí­an necesarios 1.000 años para retirar todas las minas enterradas en el mundo.
Las minas antipersona representan un elevado riesgo para el 10% de la población mundial y un riesgo medio para el 25%. El informe de Médicos Sin Fronteras e Intermón Oxfam hace un repaso de los aspectos positivos y negativos de la aplicación del Tratado de Ottawa durante estos cinco años:

ASPECTOS POSITIVOS
– 146 paí­ses han firmado el tratado y 130 lo han ratificado. Paí­ses densamente minados como Angola, Afganistán, Etiopí­a, Eritrea o RD Congo, lo han firmado recientemente. En la última década se han destruido 34 millones de minas.
– El número de paí­ses productores de minas ha caí­do de 55 a 14 desde la firma del tratado. Además, se ha reducido el número de ví­ctimas por nuevas minas, y se ha pasado de 26.000 en 1997 a una media anual de entre 15.000 y 20.000.
– Los programas de remoción y destrucción de minas, prevención, y asistencia a ví­ctimas registró un fuerte incremento en el pasado quinquenio respecto al perí­odo anterior, con una financiación acumulada de 1.400 millones de dólares.

ASPECTOS NEGATIVOS
– 49 paí­ses aún no han firmado el tratado, entre ellos Estados Unidos, Rusia, China, India y Pakistán, los principales paí­ses productores y con más reservas de minas.
– Existen paí­ses que poseen arsenales gigantes de minas antipersona almacenadas: China (110 millones de minas almacenadas), Rusia (entre 60 y 70), Estados Unidos (11,2), Ucrania (6,4), Pakistán (6), India (entre 4 y 5) y Bielorrusia (4,5). Además, aún quedan por destruir 15 millones de minas almacenadas en paí­ses firmantes.
– Por primera vez desde 1992, en el año 2001 decreció la financiación de los programas destinados a la acción contra las minas. Según ambas ONG es muy importante no bajar la guardia en la lucha contra las minas.

ESPAÑA APRUEBA, PERO SIN SOBRESALIENTE
Las dos ONG, que hace varios años ya pusieron en marcha una campaña con otras organizaciones bajo el nombre Eliminemos las Minas, reconocen que el gobierno español ha tenido una actuación positiva. España ratificó el tratado en enero de 1999 y destruyó la última mina almacenada el 15 de noviembre de 2000. El Congreso de los Diputados aprobó una ley antiminas en 1998. España dejó de exportar minas en 1994 y dos años después dejó de fabricarlas.

Sin embargo, Médicos Sin Fronteras e Intermón Oxfam consideran que el cumplimiento del Tratado por parte del gobierno continúa adoleciendo de ciertas limitaciones:

– España deberí­a incrementar los recursos para programas de desminado y asistencia a ví­ctimas, los puntos clave del Tratado. En 2001 se destinaron solamente 741.000 euros a este efecto. Esta cifra supone un descenso respecto al año anterior. Ambas ONG recomiendan al gobierno español que incremente los recursos antiminas a un total 6 millones de euros anuales. Estos 1.000 millones de pesetas deberí­an canalizarse a través de ayudas a los paí­ses afectados, a través de ONG y mediante contribuciones al Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para el Desminado. Asimismo, el gobierno deberí­a adoptar un enfoque más integral en la lucha contra las minas, financiando también programas de sensibilización y prevención en los paí­ses en riesgo.
– Hay dos modelos de minas antivehí­culo de fabricación española (C-5 y modelo SB-81/AR-AN) que pueden funcionar como minas antipersonales. Intermón Oxfam y Médicos Sin Fronteras recuerdan que la ley 33/1998 prohí­be también las "armas de efecto similar" a las minas antipersonales.
– El gobierno español deberí­a promover la adhesión de otros paí­ses al tratado, circunstancia que se desaprovechó durante la presidencia española de la Unión Europea y que deberí­a repescarse a partir del 1 de enero, cuando España pasará a ser miembro, durante los próximos dos años, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.