Según las asociaciones de vecinos la impotencia a la que hace referencia el Delegado del Gobierno le corresponde corregirla a la administración, ya que es las misma la que determina las autorizaciones de construcción de las urbanizaciones. Si existen insuficiencias públicas que debe garantizar el Estado, el déficit cero debe dejarse de lado ante lo que los ciudadanos reclaman y demandan.

Las empresas privadas de seguridad mueven unos 200.000 mil millones de pesetas, y estas empresas surgen de los altos cargos de la Administración. Frente a la indignación de vecinos y ciudadanos ante las declaraciones del Defensor del Pueblo, la CAVE añade que "son sorprendentes teniendo en cuenta que proceden de una persona que durante largo tiempo ha sido un defensor de los derechos que las administraciones deben dar a los ciudadanos y que ahora como Defensor del Pueblo debiera apoyar y defender y no insistir en privatizar un sector que por derecho del ciudadano corresponde al Estado garantizarlo".

Las asociaciones de vecinos insisten en respetar los derechos más básicos del ciudadano ante la evidente insuficiencia y desidia de la administración pública y se preguntan: ¿Para cuándo la "Ley del Oeste"?, ¿el paso siguiente para evitar este tipo de tragedias será armar a los vecinos al más claro estilo estadounidense?