Las especiales caracterí­sticas que presenta las manifestaciones de la violencia de género mas generalizadas, desde el maltrato hasta el asesinato, abuso y agresión sexual, acoso sexual en el trabajo, y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, implica respuestas tanto en el ámbito administrativo y en los ámbitos civil y penal. Un objetivo de la propuesta de esta Ley es la articulación positiva del derecho a vivir sin violencia de género. Sustentan este objetivo los siguientes argumentos:

a) La violencia de género es la única violencia ilegitima, que en mayor o menor grado, padece la mitad de la humanidad, (a todas las niñas se las educa en la auto-limitación de la libertad deambulatoria y en la forma de vestir, entre otras, como una prevención para no ser ví­ctimas de delito. No se dan estas pautas limitadoras de la libertad a los niños).

b) Otro elemento a tener en cuenta son las relaciones de proximidad (personal, afectiva, laboral etc.) entre agresor y victima que se dan en la mayorí­a de los supuestos de violencia de género, lo que unido a que en muchas casos, no hay testimonios de estos actos criminales, sitúan a la ví­ctima en una posición de especial vulnerabilidad.

c) Un estado democrático no puede tolerar que las mujeres estén sometidas a una violencia especí­fica que les impide coactivamente el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

d) La plena participación de las mujeres en la vida pública, obliga a que en la vida privada, sean respetados los derechos de cada uno de los individuos que integran la familia. Si estos derechos fundamentales son violados o no ejercitados por haberlo impedido coactivamente; el Estado tiene una responsabilidad en la ausencia de prevención y falta de protección suficiente.

e) La prevención pasa necesariamente por la sensibilización social, y sobre todo, por la formación en todos los niveles educativos en la resolución pací­fica de conflictos y la efectiva igualdad de derechos entre los sexos.

f) La protección efectiva, que según mi criterio debe tener lugar en tres niveles - Una estrategia de intervención clara coordinada de las administraciones públicas. - Un presupuesto asegurado a corto, medio y largo plazo - Y, un derecho legal subjetivo a pedir ayuda, expresamente establecido en la Ley (asesoramiento, asistencia jurí­dica, psicológica, económica en caso de necesidad, amparo y acogida etc.)

g) La reparación por parte del Estado como responsable civil subsidiario respecto del autor material.

h) El ofrecimiento de alternativas reeducadoras o rehabilitadoras al agresor que no le sitúen como un delincuente privilegiado frente a autores de otros delitos.

Las actuales competencias jurisdiccionales (civiles y penales) que tienen los tribunales, son en muchas ocasiones fuente de conflicto que tiene como consecuencia una mayor desprotección de la mujer o los niños agredidos (basta ver algunos Autos de Alejamiento respecto a menores agredidos, en los que el Juez de Instrucción suspende el alejamiento durante el régimen de visitas que haya acordado el Juez de Familia, u otros Autos de Medidas Previas que el Juez Civil desestima la solicitud por existir un Auto de Alejamiento).

Una situación de similares caracterí­sticas se planteó en la primera mitad del siglo XIX con trabajo dando lugar al Derecho Laboral, regulado hasta entonces como arrendamiento de servicios del Derecho Civil. La conquista del derecho del sufragio llevó a un primer plano polí­tico la necesidad de diferenciar entre trabajo independiente (arrendamiento de servicios) y el trabajo subordinado (prestación de servicios por cuenta ajena). Las distintas posiciones fácticas, entre otras las derivadas de las relaciones entre empleador y trabajador obligan a elevar la realidad social a categorí­a jurí­dica y seguidamente constituir un orden jurisdiccional especí­fico que abarque el Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

El desafí­o del sigo XXI podrí­a estar en conseguir articular un derecho que no solo sirviera para combatir la violencia de género sino que fuera un instrumento válido para erradicarla. Las herramientas estas activadas de un modo disperso y, lo que es peor sin un concepto unitario sobre la violencia de género, útil para los operadores jurí­dicos y demás intervinientes en el proceso socio-jurí­dico (profesionales de la medicina, psicologí­a, trabajo social etc.)

La necesidad de ahorrar burocracias y sufrimiento innecesario a la ví­ctima es otra de las cuestiones a tener en cuenta.

La propuesta de una jurisdicción equivaldrí­a a un mayor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales existentes (en el caso de violencia familiar el Ministerio Fiscal interviene en el proceso penal y en el proceso de familia cuando hay menores, el abogado designado de oficio para el imputado podrí­a asistir al mismo en la comparecencia de Medidas Previas o Medidas con relación a los hijos, í­dem el abogado designado para la ví­ctima, etc.).