El Consejo de la Juventud de España (CJE), con motivo de la celebración, hoy 25 de noviembre, del Dí­a Internacional contra la violencia a las mujeres, exige una normativa coherente y suficiente en el Ordenamiento Jurí­dico español que dé una respuesta integral a la violencia contra las mujeres en sus dos vertientes de protección a la ví­ctima y de sanción al agresor.

La violencia de género no puede ser considerada por más tiempo como un tema privado que atañe solamente al ámbito familiar. Por otra parte, el trabajo de diferentes organizaciones de mujeres especializadas en este ámbito nos alerta sobre la existencia de una importante "variable joven" en la violencia de género como consecuencia de la lenta evolución en los cambios de roles de género que hacen que se perpetúen entre la juventud española las relaciones de dominación del hombre sobre la mujer y los comportamientos sexistas que de ésta se derivan. Según la Asociación de Mujeres Separadas "el 48% de las mujeres ví­ctimas de la violencia de género en España aún no han cumplido los 30 años y la otra cuarta parte son menores de 34 años".

Por todo ello, el Consejo de la Juventud de España cree prioritario denunciar esta realidad e instar a las instituciones a que se incrementen y coordinen todos los esfuerzos para la prevención de la violencia de género entre los y las jóvenes, así­ como el tratamiento especí­fico de las mujeres jóvenes ví­ctimas de los malos tratos que garantice su total recuperación.

En el mes de marzo de 2001 el Gobierno presentó el "II Plan Integral contra la Violencia Doméstica (2001-2004)" que, según el CJE, es un plan ineficaz, ya que ni siquiera es el resultado de la evaluación del Plan anterior, puesto que ésta no se ha realizado. Se trata de un Plan que no responde a un trabajo fruto de lo aprendido durante el desarrollo de polí­ticas contra la violencia. Por otro lado, no se ha contado con las organizaciones de mujeres para su diseño y por tanto no recoge sus principales reivindicaciones. También resulta insuficiente la dotación presupuestaria del Plan. No existen medidas reales para apoyar en el empleo a las mujeres, y en su lugar solo hay intenciones de realizar programas de formación y habilidades sociales. Por último, confunde prevención con publicidad. Prevenir es incorporar al sistema educativo de forma transversal el trabajo contra la violencia de género y los cambios de roles.

Además el II Plan del Gobierno tampoco contempla ninguna medida de prevención especí­fica de la violencia de género entre los y las jóvenes, que como antes analizábamos se hace, no sólo necesaria, sino imprescindible.

El CJE entiende que este Plan deberí­a producirse como desarrollo de una "Ley Integral contra la Violencia de Género" que viene demandándose desde las organizaciones de mujeres como la respuesta adecuada a violencia de género en nuestro paí­s y que implicarí­a a todos los Ministerios y garantizarí­a la coordinación entre todas las administraciones. Asimismo, se deberí­an potenciar, como parte de la enseñanza mí­nima dentro de cada nivel educativo, todos aquellos contenidos dirigidos a lograr la efectiva igualdad de derechos entre sexos y la protección de la libertad y la integridad fí­sica y moral de las mujeres frente a cualquier tipo de violencia.

Por último, a juicio del CJE, la violencia contra las mujeres, como una violación de los derechos humanos que es, supone una vergí¼enza para un paí­s democrático y una lacra para la sociedad en su conjunto porque hablar de malos tratos es hablar de intolerancia, de abusos, de miedo, de muerte, pero también de sentencias escandalosas, de errores judiciales imperdonables, de protección insuficiente, de falta de voluntad polí­tica y de mantenimiento de un sistema patriarcal basado en la supuesta superioridad del hombre sobre la mujer.