esta Huelaga continuará más allá de este dí­a si el Ministerio de Justicia no se compromete a ofrecer una justicia de calidad, con unas funciones reales para cada funcionario, que terminen por identificar la responsabilidad de cada quién y expulse de una vez por todas la falsedad crónica en el método de documentación de los expedientes judiciales, procurando una auténtica inmediación judicial -intervención directa del juez- en aquellos actos que la Constitución y la Ley la vienen exigiendo.

El Plan de Reforma de la Justicia elaborado por el Gobierno de Aznar al final se ha quedado en lo de siempre: más sueldo para las élites, cuyo salario ya destacaba por encima de los demás empleados públicos de cargo intermedio.

Y lo peor es que se hace con una profunda injusticia social. Este Gobierno va a repartir unos 30 millones de euros entre los jueces (unas 150.000 pts/mes más para cada uno) y 20 millones de euros entre los secretarios (unas 80.000 pts/mes de subida para cada uno) de un año para otro, sin que para el resto de funcionarios de los juzgados se reserve una sola peseta por el mayor nivel, responsabilidad y funciones que, sin embargo, sí­ que les depara el diseño de lo que llaman "nueva oficina judicial".

Pero esta nueva oficina en realidad no tiene mucho de novedoso y sí­ bastante más de lo mismo: la práctica indica que lo que la teorí­a niega: seguirán siendo los Oficiales, Auxiliares y Agentes de los Juzgados quienes tomen declaración a un ciudadano, comuniquen una decisión judicial, levanten actas de los juicios, inspeccionen un cadáver o tramiten por completo una reclamación judicial, cuando deberí­an ser el juez y el secretario quienes realizaran esas funciones.