El Acuerdo al que han llegado la Administración y los Sindicatos CCOO, UGT, CSIF y CIG supone un grave atentado contra las condiciones laborales de toda la Función Pública.

Esto es más grave aún si tenemos en cuenta la forma que se ha utilizado para llegar al Acuerdo. En este sentido señalamos que los sindicatos firmantes no han consultado previamente ni con sus afiliados/as ni, por supuesto, con el resto del personal afectado. Pasamos de la democracia delegada alejada y de esta a la democracia olvidada.

Luego resulta indignante la tergiversación que se hace de la realidad con declaraciones del calibre de "Acuerdo positivo que corta la hemorragia de la pérdida de poder adquisitivo", "...el salario de los funcionarios sube un 1,3% sobre el IPC...". La realidad de lo que pide el personal es que al igual que tienen los pensionistas y está recogido en gran parte de los convenios, nuestro colectivo tenga la cláusula de salvaguardia que nos proteja de la desviación que habitualmente existe entre el IPC previsto y el IPC real, dicho de otro modo, si el salario nos lo subieran este año igual que lo que suben los precios, la realidad de nuestra subida serí­a cero, pero en nuestro caso no es así­, nos suben un dos cuando la inflación, en el mejor de los casos, subirá un cuatro; el resultado, por tanto, es un menos 2.

Con este acuerdo nos suben un 2,7 y un 0,6 en incentivos a la productividad, que, dicho sea de paso, se llevan por completo los altos y medianos cargos, por tanto, y dado que el Gobierno no acierta con sus propias previsiones de inflación, concluiremos en que en este nuevo Acuerdo la hemorragia de la pérdida de nuestro poder adquisitivo sigue su curso.

Nadie, en su sano juicio, abogarí­a por la supresión de la Ley que permite que los pensionistas tengan una garantí­a para mantener el poder adquisitivo de sus pensiones; en cambio da la impresión de que quienes trabajamos en la Función Pública tengamos que dar las gracias por existir. A esto nos lleva el Gobierno y los sindicatos mayoritarios cuando engañan a la ciudadaní­a llamando subidas a lo que realmente son bajadas, cuando nos achacan, como si fuera un lujo asiático, que tenemos un empleo fijo, tildándonos de parásitos, de llevarnos el fruto del trabajo del resto de la población activa. Pero esto no deja de ser una estrategia perversa de un poder que quiere dividir para vencer. Para ello, ha ido degradando progresivamente las condiciones laborales de las/os trabajadoras/es, para luego justificar que también ha de degradar las condiciones de quienes prestamos servicio en el sector público, y así­ llegar al "mal de todos, consuelo de nadie".

Nuestra postura pasa por darle la vuelta a esta situación volviendo a recuperar el sentido de clase trabajadora de todo quien preste sus servicios tanto en lo público como en lo privado equiparando las condiciones laborales de todas/os al alza, jamás a la baja.

En cambio, este Acuerdo supone todo lo contrario: se sigue sin cláusula de revisión salarial por Ley, se firma sentencia de muerte a la flexibilidad horaria, se hiere de muerte la conciliación de la vida familiar al imponer un horario coincidente más amplio, se inaugura la movilidad forzosa interprovincial, se imponen los planes privados de pensiones..., y todo ello bien envuelto y atado por un gobierno y unos sindicatos sumisos que han traicionado las expectativas de quienes en su dí­a les apoyaron.

Sección Sindical de CGT de la Junta de Extremadura