Para CC.OO. de Madrid, la reciente Ley de Impacto Ambiental o futuras normas como la Ley de Residuos -aprobada en el dí­a de hoy- o el decreto que regula el sistema de Gestión Ambiental de actividades están "abocadas al fracaso por la falta de medios de control, inspección y la práctica nulidad de medidas de fomento en las empresas".

Tanto en el tratamiento que el grupo sindical ha dado sobre los proyectos de estas normas en el Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad de Madrid, como en recientes encuentros que los responsables de Medio Ambiente de CC.OO. han mantenido con el viceconsejero de Medio Ambiente y con el director general de Calidad Ambiental, se ha hecho especial hincapié en los "escasos" medios con los que cuenta la Administración tanto para prevenir impactos ambientales como para mejorar la contaminación industrial.

Así­ por ejemplo, desde CC.OO. se consideran "escasas" las empresas adheridas al sistema de gestión ambiental o las empresas productoras de residuos que declaran los mismos en la Comunidad de Madrid (situación necesaria para tener una idea de cuántos residuos industriales genera nuestra región). Este sindicato cree "mí­nimo" igualmente el número de expedientes que los servicios de evaluación ambiental logran sacar al año con el consiguiente atasco y retraso de los mismos. Para CC.OO. es significativo también que en los últimos diez años sólo haya aumentado la plantilla de inspectores en tres técnicos, por poner un ejemplo.

CC.OO. considera que aumentar los requerimientos a las empresas es "en sí­ mismo positivo pero inviable" si paralelamente no aumentan los medios de control e inspección, y si no existe asistencia técnica a las pequeñas y medianas empresas (pymes) ni ninguna medida de fomento para mejorar la situación de las mismas, máxime con la experiencia acumulada hasta ahora y que ha llevado a que, según el responsable de Medio Ambiente de CC.OO. de Madrid, Guillermo Dí­az, "el control de la contaminación industrial sea la gran asignatura pendiente de la polí­tica ambiental de la Comunidad".

Según el secretario de Polí­tica Institucional y portavoz de CC.OO. de Madrid en el CES, Jaime Cedrún, este sindicato sospecha que "una vez más las intenciones de la administración ambiental pasan por dejar para el último año de legislatura, como ya ocurrió en la anterior, los deberes no cumplidos a lo largo de la misma en cuanto a transponer las normas que le competen y que emanan de la legislación comunitaria y estatal". De esta manera queda poco tiempo para la discusión social y polí­tica de unas normas que "se hacen a sabiendas de su difí­cil aplicabilidad tanto por el déficit de recursos como por el establecimiento en las normas citadas de cláusulas de discrecionalidad y flexibilidad administrativa (Ley de Impacto Ambiental) o la transferencia de competencias a ayuntamientos sin recursos".

Además, según CC.OO., la consideración del "silencio administrativo positivo" puede suponer que en los procedimientos administrativos en los que la propia Administración no cumpla sus plazos, quepa la posibilidad de que se dé ví­a libre a proyectos de obras o actividades sin las necesarias medidas de prevención del impacto o de la contaminación al medio ambiente.