"El esfuerzo de Colombia por hacer respetar el Estado de derecho empieza por su Fiscal General", dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Colombia no puede afirmar con credibilidad que está avanzando en la protección de los derechos humanos si el Fiscal General no está haciendo su trabajo".

En el informe de 14 páginas, titulado "Un giro erróneo: La actuación de la Fiscalia General de Colombia", se documenta como la Fiscalí­a General de la Nación no ha hecho progresos en investigaciones crí­ticas en materia de derechos humanos. Al ocupar el puesto en julio de 2001, el Fiscal General Luis Camilo Osorio dejó en claro que tení­a serias dudas sobre los esfuerzos en curso para procesar casos de derechos humanos, especialmente aquellos relacionados con acusaciones contra oficiales militares colombianos. Prometió públicamente corregir lo que describió como atención excesiva a estas acusaciones por parte de los fiscales.

A las 72 horas de su llegada a la Fiscalí­a, Osorio solicitó la renuncia de dos altos funcionarios que habí­an estado a cargo de algunos de los casos de derechos humanos más importantes de la institución. Un tercer funcionario se sintió obligado a renunciar en respuesta a las acciones del Fiscal General.

En los 15 meses que Osorio lleva en su cargo , han sido despedidos al menos nueve fiscales e investigadores encargados de casos de derechos humanos. Otros 15 se vieron forzados a renunciar o se sintieron obligados a hacerlo bajo presión. Casi todos ellos salieron posteriormente de Colombia después de haber recibido amenazas de muerte . En diciembre de 2001, por ejemplo, el Fiscal General despidió a cuatro funcionarios superiores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) después de que prestaran asistencia en la captura de un destacado asesino paramilitar y familiar del lí­der paramilitar Carlos Castaño.

"Desde julio de 2001, cinco fiscales e investigadores colombianos han sido asesinados en el cumplimiento de su deber," dijo Vivanco. "Los fiscales colombianos arriesgan sus vidas defendiendo el Estado de derecho; no deberí­an verse obligados a tener que arriesgar también sus empleos."

Varios fiscales encargados de investigaciones contra oficiales militares de alto rango fueron apartados de dichos casos antes de que pudieran ordenar detenciones y formular cargos contra los sospechosos, hecho que puso en peligro el futuro de las investigaciones. Un ejemplo de ello es la investigación de la masacre de 2001 en la aldea de Chengue, Sucre, un caso en el que se encuentra implicado el General de la Armada Rodrigo Quiñones. Después de que un fiscal hiciera importantes progresos en la reunión de pruebas para formular cargos, el caso fue reasignado y parece haberse paralizado.

El progreso en los casos de derechos humanos es un factor crí­ticopara determinar si Colombia está cumpliendo las condiciones que regulan actualmente la ayuda militar de Estados Unidos, con un valor de más de 1.300 millones de dólares en los últimos tres años. Las condiciones recogidas en la legislación estadounidense requieren especí­ficamente que los militares colombianos colaboren con los funcionarios judiciales civiles encargados de casos de derechos humanos. También exigen que se corten los ví­nculos entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares. La manera más eficaz de cumplir este objetivo serí­a el enjuiciamiento de oficiales militares acusados de haber colaborado con los paramilitares. Los paramilitares colombianos cometen la mayorí­a de los asesinatos polí­ticos del paí­s, están fuertemente involucrados en actividades de narcotráfico y han sido clasificados como terroristas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En reconocimiento del papel crí­tico que desempeña la Fiscalí­a General de la Nación, Estados Unidos ha invertido más de 25 millones de dólares en dicha institución desde 2000. El Departamento de Estado ha propuesto la entrega de 10 millones de dólares adicionales para los fiscales encargados de casos de derechos humanos durante el año fiscal 2003, una propuesta que cuya aprobación se encuentra pendiente.

"Mantener a estos fiscales en sus cargos exige algo más que la provisión de vehí­culos blindados y los equipamientos forenses incluidos en el paquete de ayuda", dijo Vivanco. En el informe se apela a Estados Unidos para que deje en claro al Presidente de Colombia que el Departamento de Estado no podrá certificar el progreso en materia de derechos humanos a menos que el Fiscal General deje de debilitar las investigaciones de derechos humanos y pueda demostrar un avance significativo en los casos de derechos humanos. "El objetivo de esta ayuda consistí­a en fortalecer el procesamiento de los casos de derechos humanos.

Sin embargo, mientras no exista la voluntad polí­tica necesaria para tratar estos casos, no habrá dinero, formación o equipamiento que pueda mejorar la actuación de la institución".