Para CC.OO. de Madrid, la iniciativa "˜estrella"™, el cheque-servicios puede tener un efecto perverso porque supone la privatización desde un punto de vista mercantil y difí­cil de controlar

Ante la aprobación por parte del Consejo de Gobierno regional del Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, CC.OO. de Madrid quiere poner de manifiesto su rechazo a numerosos aspectos del Anteproyecto que suponen una privatización progresiva de los servicios sociales, con lo que esto supone de merma en el servicio público de calidad, afectando no sólo a los intereses sociales de las personas demandantes de esos servicios sino también una seria amenaza para las personas que trabajan en los servicios sociales y que manifiestan su disconformidad con los contenidos del anteproyecto y su orientación privatizadora.

CC.OO. entiende que el peso que se da en el anteproyecto a las entidades privadas con ánimo de lucro es grave, sin que se haya partido de un diagnóstico consensuado de la situación de la población madrileña objeto de la Ley, y por tanto de las necesidades presupuestarias que conlleva y sin arbitrar las medidas necesarias para fijar ratios de calidad imprescindibles en este tipo de servicios.

El anteproyecto es ambiguo en cuanto a los sistemas de control de las entidades colaboradoras, del voluntariado o de la imparcialidad ideológica o confesional de las mismas.

Tampoco se contemplan aspectos tan importantes como la prevención o la inserción de las personas perceptoras de los servicios, con lo que la ley podrí­a quedarse en un ámbito asistencial o caritativo y no solidario e integrador como debe propiciarse a nuestro juicio desde las instancias públicas.

Otro aspecto problemático es el del llamado "cheque-servicio", que puede tener un efecto perverso, conduciendo a la privatización de servicios desde un punto de vista totalmente mercantil, muy difí­cil de controlar.

CC.OO. de Madrid considera que la Ley 11/1984 necesita una revisión, pero que ésta debe partir de la conformación de unos servicios públicos de calidad y no de una transferencia de responsabilidad al sector privado y que esta nueva ley debe además ser consensuada con todos los agentes implicados, sin olvidar a los colectivos de trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales de Comunidad y Ayuntamientos, así­ como a sus representantes legí­timos que lo que pretenden es que la población madrileña esté atendida por profesionales controlados por instancias públicas.

Por lo tanto CC.OO. de Madrid no dará su apoyo a ésta Ley, si no se modifican los aspectos antes citados, además de recoger las aportaciones de los colectivos implicados.