Los responsables de Medio Ambiente de CC.OO. de Madrid han reclamado al Consejero y al Viceconsejero de Medio Ambiente la regulación de los vallados de fincas en el medio rural, tanto los cinegéticos como los no cinegéticos, situación que ya ha sido regulada en otras comunidades autónomas.

El departamento de Medio Ambiente de CC.OO. ha elaborado un documento en el que se refleja la situación actual. Los vallados de fincas situados en el medio natural de la Comunidad de Madrid son un fenómeno cada vez más generalizado y causante de graves problemas ambientales y serios conflictos sociales debido a la ausencia de una regulación especí­fica capaz de compatibilizar los distintos intereses en juego. Asimismo, el documento expone las razones jurí­dicas para elaborar la normativa que se reclama.

Según el informe de CC.OO., la actual situación, sobre todo en la zona suroeste de la Comunidad, es absolutamente incompatible con la consecución de los objetivos fijados por la polí­tica de la Unión Europea en materia de conservación de los hábitats y de las especies de fauna y flora. El paisaje de nuestro medio natural está también sufriendo una grave agresión a consecuencia de la implantación de estos cerramientos.

En cuanto al impacto social de los vallados, ha quedado reflejado en varios conflictos graves, planteados como consecuencia de la usurpación e invasión de zonas de dominio público, ví­as pecuarias o el cierre de caminos o accesos de uso público debido a la instalación de este tipo de vallados por parte de algunos propietarios de fincas y acotados de caza, como en Valdequemada o en Fresnedilla de la Oliva, alguno de los cuáles ha acabado en los tribunales de justicia. La falta de regulación produce, además, una inseguridad jurí­dica para los ciudadanos totalmente indeseable, que a nada ni a nadie beneficia.

Varias Comunidades Autónomas han regulado esta materia, sobre todo en lo que respecta a los vallados cinegéticos, estableciendo las caracterí­sticas técnicas y las condiciones de instalación de estos elementos con objeto de poder dar cumplimiento a las determinaciones establecidas en la normativa básica estatal sobre conservación de especies, protección del paisaje y del dominio público (ví­as pecuarias, caminos públicos, dominio público hidráulico, etc).

En consecuencia, CC.OO exige de la Administración autonómica que proceda a la regulación de estos vallados, con el fin de conciliar los distintos intereses y derechos concernidos, algo que, a juicio de este Sindicato, es perfectamente posible.