Doce años después, el PP se queda prácticamente solo en la aprobación de la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza, con el único apoyo de Coalición Canaria.

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, alardea de consenso, mientras las organizaciones más representativas de la comunidad educativa han dado la espalda a una ley segregadora y elitista, que traerá graves consecuencias a la calidad y equidad de nuestro sistema educativo.

El gobierno del PP ha querido beneficiar a la Iglesia Católica, reinstaurando un lugar privilegiado en el curriculum educativo para la asignatura de religión, cuya alternativa será obligatoria y evaluable, y al empresariado de la escuela privada y concertada, mejorando su acceso a los conciertos educativos.