Este Convenio entró en vigor el 30 de octubre del pasado año cuando el decimosexto paí­s depositó ante la ONU el instrumento de ratificación y son ya 22 los paí­ses que lo han hecho.

En esta reunión, en la que participó Ecologistas en Acción, se adoptaron importantes acuerdos, entre ellos la Declaración de Lucca -especialmente relevante por ser la primera vez que la declaración de una conferencia internacional se elabora por consenso entre Estados Participantes y las organizaciones ecologistas- así­ como numerosas Decisiones como por ejemplo sobre Organismos Modificados Genéticamente, Acceso a la Justicia, Mecanismos de Queja, Herramientas Electrónicas...

Desgraciadamente, y aunque debiéramos estar ya acostumbrados a ello, se debe destacar el desinterés demostrado por el Gobierno español tanto en el Encuentro de las Partes como en general por todo lo que supone esta Convención desde el punto de vista de la democracia en materia de medio ambiente. Así­, llama la atención frente a la presencia de 13 ministros, ocho viceministros así­ como del Director Ejecutivo de la UNEP, Klaus Topfer, el bajo perfil de la delegación oficial española que, sólo contaba con el Secretario y Vicesecretario General Técnico. Sin embargo, este bajo perfil es perfectamente acorde con las expectativas que el Ministerio de Medio Ambiente tiene depositadas en la citada Convención Internacional.

Y es que la situación es realmente rocambolesca, puesto que el Estado español fue uno de los Estados Firmantes del Convenio en 1998, y lo que es más grave, el mismí­simo Parlamento autorizó su ratificación el 5 de diciembre de 2000, fecha desde la cual el ejecutivo viene postergando el depósito del instrumento de ratificación.

Además, y por si fuera poco, no entra en los planes del Ministerio acabar con esta situación tan ridí­cula y comprometedora en el ámbito internacional (no olvidemos que el Poder Ejecutivo está desoyendo un mandato del Poder Legislativo), sino que está más que dispuesto a mantenerla en tanto no se apruebe en la Unión Europea las tres Directivas que implementarán los tres pilares del Convenio, Acceso a la Información Ambiental, Participación Pública en la Toma de Decisiones y Elaboración de Planes y Polí­ticas y Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente. Esto dilatará la actual situación por lo menos hasta el 2002, dado que estas Directivas están aún en fase de preparación.

La pregunta, que se formula Ecologistas en Acción, es ¿por qué esperar a la aprobación de las Directivas si estas forzosamente no podrán separarse mucho de lo establecido por la Convención, como tampoco podrán hacerlo las medidas que a escala nacional y autonómica se adopten en su cumplimiento?.

La respuesta quizás sea que mientras tanto ya se ha aprobado el Plan Hidrológico Nacional, con un enorme impacto ambiental y con una inexistente participación pública en su elaboración, y otro tanto ocurrirá, por ejemplo, con la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.