INFORME DE SITUACIÓN

Antes de comenzar, y como viene siendo habitual ya en nuestras últimas comunicaciones, este escrito se remite al Delegado del Gobierno en Extremadura, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así­ como a todos los medios de comunicación. Este proceder de enví­o simultáneo y público se adopta al objeto de ver si de una vez por todas alguien escucha nuestra voz y las más que patentes irregularidades que se denuncian y que a continuación se exponen son abordadas, tenidas en cuenta con el rigor que se merecen y resueltas favorablemente.

En lo que va de año se han presentado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cáceres cerca de 30 denuncias por parte de este sindicato que tengo el honor de representar.

En ellas se daban a conocer irregularidades en más de un centenar de centros de trabajo de los que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, según determina el Art. 3 de la Ley 42/1997 de 14 de noviembre, tiene cometido de vigilar y exigencia para hacer cumplir las normas legales, reglamentarias y de contenido normativo que diera lugar. Más cuando lo denunciado afecta a un colectivo superior a las 25.000 personas que a dí­a de hoy, y como consecuencia del impasse de la Inspección de Trabajo de Cáceres, siguen sufriendo las penosas condiciones que en nuestras denuncias se daban a conocer.

La realidad a la fecha que estamos es que únicamente 5 actuaciones han sido llevadas a cabo y además con ningún éxito, ya que la mayorí­a de los requerimientos efectuados han sido completamente ignorados por las empresas (administraciones públicas fundamentalmente) a las que les fueron realizados.

Además una cosa nos sorprende: ¿Por qué cuando se trata de actuar contra una empresa privada los procedimientos de la Inspección son ultrarrápidos y cuando se solicita proceder contra una Administración Pública todos los trámites se ralentizan hasta la paralización; y además esto se justifica por escrito hasta lo injustificable por miembros de la propia Inspección?. ¿Es que Administraciones Públicas como la Junta de Extremadura gozan de algún tipo de inmunidad que los ciudadanos de a pie y los sindicalistas como tales desconozcamos?. ¿O es que una infracción a las normas legales, reglamentarias o de contenido normativo de la legislación vigente es menos infracción si la comete una empresa pública que si la comete una empresa privada?. ¿Cual es por tanto la razón motivadora de esta doble tabla de medir con la que actúa la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?.

Para facilitar la investigación que espero y deseo que como consecuencia del contenido de este escrito se genere, a continuación se dan a conocer el listado de denuncias presentadas (y no atendidas) ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cáceres a través del Centro de Atención Administrativa de Plasencia:

Fecha de presentación en el CAD y Número de registro de entrada en el mismo:
14/06/2001 009924 04/06/2001 009229
04/05/2001 007684 30/04/2001 007442
26/04/2001 007091 18/04/2001 006662
05/04/2001 006212 05/04/2001 006211
02/04/2001 005971 02/04/2001 005970
26/03/2001 005471 23/03/2001 005432
23/03/2001 005431 23/03/2001 005430
23/03/2001 005430 19/03/2001 005158
19/03/2001 005157 19/03/2001 005156
15/03/2001 005032 14/03/2001 004939
09/03/2001 004753 09/03/2001 004752
05/03/2001 004492 21/02/2001 003983
20/02/2001 003932 12/02/2001 002757
30/01/2001 000992 08/01/2001 000214
08/01/2001 000213 05/01/2001 000124

Manifestar antes de terminar, pues nos llena de satisfacción por lo bien hecho, que diferente trato se nos ha dado a la Confederación General del Trabajo (CGT) por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz, ya que todas y cada una de las denuncias que ante ella presentamos cuando da lugar, son investigadas y sobre las mismas de su resultado informados.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN

Sin más que a la espera de que dada la gravedad de todo lo expuesto lo investigue para que aquello que la endogamia burocrática lo permita sea modificado al objeto de que se corrija todo aquello que esté en disconformidad con la legislación vigente.

Y para que así­ conste, firmo la presente comunicación de denuncia.

El Secretario General
Fdo.: Javier Caso Iglesias