Texto de la carta presenta esta mañana en el registro del Ministerio de Justicia:

Madrid, 8 de abril de 2011

A LA ATENCIÓN DE:
FRANCISCO CAAMAÑO
MINISTRO DE JUSTICIA

Hace algo más de una década que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica está buscando a los desaparecidos y a las desaparecidas que se encuentran en fosas comunes, como consecuencia de la represión franquista. Durante treinta y cinco años de democracia, desde la muerte del dictador Francisco Franco, las familias de esos hombres y mujeres, que desaparecieron forzosamente, no han podido ejercer los derechos que tiene el deber de garantizarles un Estado democrático.

Como usted bien sabe, la desaparición forzada es el delito individual más grave que existe en el derecho penal. Consecuentemente, las leyes internacionales dictan la obligación de proteger a las víctimas, de erradicar las desapariciones y de paliar urgentemente el sufrimiento que generan. Para ello, la sociedad internacional hizo entrar en vigor el pasado 23 de diciembre de 2010 la Convención de la ONU sobre Desapariciones Forzadas y Arbitrarias. El Estado español la ratificó sin reservas.

Lamentablemente, esa entrada en vigor no ha supuesto un cambio en la desprotección que las víctimas de las desapariciones causadas por la represión de la dictadura franquista han sufrido y sufren por parte del Estado español. Esa ausencia de medidas reparadoras, según la Convención Europea de Derechos Humanos, es una forma de maltrato0. El Estado español vive ajeno al drama de miles de familias que buscan a sus seres queridos y esa forma degradante de tratarlas, como si fueran insignificantes, poco tiene que ver con los derechos que debe garantizar, para situaciones tan graves, una justicia democrática.

Desde ese abandono, los familiares de los 113.000 hombres y mujeres que todavía se encuentran en fosas comunes, han visto cómo hace unas semanas usted ha ofrecido alas familias de los bebés robados y traficados al amparo de la corrupción política y económica de la dictadura el acceso a los recursos para la identificación mediante pruebas de ADN con los que cuenta su ministerio. Pero una decisión tan adecuada como esa esconde una gravísima discriminación, creando entre quienes necesitan esos recursos una ciudadanía de primera y otra de segunda. Algo que no concuerda con el Artículo 14 de la Constitución de 1978 según el cual: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

La decisión discriminatoria no parece causada por una limitación de recursos y un consiguiente establecimiento de prioridades. Más bien parece, con todo el revuelo causado por el tráfico de bebés, una repuesta que se corresponde con el impacto mediático del delito y no con la gravedad.

Lo que la ciudadanía debe esperar de un ministro de justicia es que garantice derechos y accesos en igualdad a los recursos públicos dedicados a la justicia. Muchos de los familiares de desaparecidos y desaparecidas tienen una edad muy avanzada y para poder morir tranquilos (una frase que a menudo repiten) necesitan enterrar dignamente a sus seres queridos. A estos hombres y mujeres les robaron un padre o una madre para asesinarlos y luego secuestraron sus cadáveres para multiplicar en el tiempo y la intensidad el trauma que generaban aquellos crímenes. Sus oportunidades para poder cerrar ese duelo tan largo y tortuoso se agotan. Y esa urgencia debería estar reflejada en las medidas políticas y judiciales que se tomen al respecto, como bien refleja la convención sobre desapariciones que habla del deber de los estados de erradicarlas urgentemente, para terminar cuanto antes con el sufrimiento permanente que generan.

Dentro de ese deber de urgencia esperamos que su ministerio ayude con esos recursos públicos a facilitar las identificaciones mediante pruebas de ADN, apoyando a los equipos que trabajan en las exhumaciones e identificaciones y asumiendo los deberes que se ha comprometido a ejercer el Estado.

Como ejemplo le adjuntamos parte de la biografía de Jesús Pueyo Maisterra, un hombre natural de la localidad zaragozana de Uncastillo que tiene siete familiares directos desaparecidos, entre ellos su padre. Jesús nació el 21 de agosto de 1921, vive en Hendaya y a pesar de haberse dirigido desde hace décadas a numerosas instituciones públicas del Estado español nunca ha recibido la ayuda a la que tiene derecho.

El presente escrito es una reclamación de aplicación del derecho y de humanidad para con quienes han sufrido los peores delitos contra la humanidad. Personas obligadas a vivir la terrible tortura de subsistir durante décadas bajo el gobierno de los asesinos. En la recuperada democracia han sido insignificantes para las instituciones. Después de más de treinta y cinco años desde que terminó la dictadura ya es hora de que dejen de serlo.

Atentamente,

Emilio Silva
Asociación Recuperación Memoria Histórica