Farmamundi inicia en abril de 2011 un proyecto en Ecuador de mejora de las condiciones de vida de la población discapacitada de las provincias de Los Ríos y Bolívar que beneficiará a 5.477 familias y que cuenta con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID). Dentro del compromiso de fortalecimiento y expansión geográfica previsto en el plan estratégico de Farmamundi, la ONG abre una nueva sede en el país andino para gestionar este proyecto y próximas actuaciones que se realicen, consolidando así su presencia en Iberoamérica, donde ya mantiene sedes permanentes en Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

El proyecto, que se realizará junto a la ONG Centro Andino de Acción Popular (CAAP), invertirá en dos años 467.490 euros, de los cuales 300.000 han sido financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID). El principal objetivo de la acción es mejorar los servicios básicos de atención en salud de la población discapacitada de los municipios de Vinces, Puebloviejo y Urdaneta en la Provincia de Los Ríos, y en el municipio de Caluma, en la Provincia de Bolívar, donde “se implantará una red integrada de servicios sociales de atención en salud que garantice la detección oportuna, el tratamiento, la rehabilitación y la integración de las personas con discapacidad en la sociedad”, explica Vicente Merino, coordinador del proyecto y de la nueva sede de Farmamundi en Ecuador.

El 12% de la población vive con alguna discapacidad
Actualmente en Ecuador más de 1,6 millones de personas viven con alguna discapacidad, lo que supone el 12% de la población, de los que el 51,6% son mujeres. Asimismo, el 46% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza nacional, tasa que aumenta hasta el 87% entre las poblaciones indígenas, afro-descendientes y rurales, aunque Merino apunta “que la tasa de pobreza extrema disminuyó significativamente entre 1999 y el 2005 debido en gran parte a la emigración y a la estabilidad monetaria tras la dolarización”.

Merino también afirma que “la discapacidad en Ecuador está estrechamente relacionada con la pobreza. El 50% de las personas con discapacidad están ubicadas en los dos quintiles de ingreso más bajo (ingreso per cápita de 0 a 30 USD mensuales). En la provincia de Bolívar, este porcentaje aumenta hasta el 70%”. Además, las instituciones públicas especializadas en el tratamiento de las discapacidades se caracterizan por un escaso presupuesto que impide el incremento de personal y por la escasa disponibilidad de equipos para diagnóstico, manejo y rehabilitación. “En resumen, el problema del acceso es doble: por un lado, los servicios prestados no son suficientes ni en calidad ni en cobertura y, por otro lado, la población tiene dificultades para acceder a los servicios de salud a causa de su situación de pobreza, al no estar cubierta por un seguro social o simplemente por razones de inaccesibilidad geográfica a los servicios de salud” matiza Merino, que trabajará durante los dos próximos años en este proyecto junto al personal sanitario de CAAP.

Más de 5.400 familias beneficiarias
El proyecto, que enfatizará en el apoyo a los menores discapacitados, va a beneficiar directamente a 5.477 familias con necesidades básicas insatisfechas, que suman 27.384 personas, de las que 13.966 son mujeres. La intervención contempla cuatro componentes principales:

1) Creación de una red local de atención a la población discapacitada formada tanto por los establecimientos de la red pública de salud como de la red de asociaciones privadas de atención al discapacitado, para que estas instituciones complementen sus servicios de atención.
2) Mejorar la capacidad, cobertura y calidad de la atención terapéutica a menores con discapacidades de la red integrada de servicios sociales de atención en salud a menores con discapacidades. Se dotará a ambas redes (pública y comunitaria) de equipos y recursos y se realizará un plan de formación y mejora de las capacidades de su personal técnico sanitario.
3) Ampliar las capacidades de detección y rehabilitación de las personas con discapacidad mediante la mejora de las capacidades locales y la participación comunitaria.
4) Implantar procesos de incidencia política e información a través del fomento de la participación social en relación a las causas de las discapacidades, su tratamiento y prevención.

La apertura de la nueva sede en Ecuador, se suma a las de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, con lo que Farmamundi consolida su estructura estable en Iberoamérica, con proyectos de desarrollo donde se están invirtiendo más de 3.500.000 de euros en la actualidad.

Algunas cifras sobre la discapacidad en Ecuador:
Aproximadamente un 12% de la población ecuatoriana sufre algún tipo de discapacidad. De ellos, el 40% tiene una edad inferior a los 40 años de edad y el 56% no cuenta con fuentes de ingresos.
El 50% de los discapacitados viven en situación de pobreza y el 20% no tienen ningún nivel educativo.
Sólo el 2% de personas con discapacidad grave ha acudido a algún servicio de asistencia legal; el 3 % ha realizado algún tipo de adecuación en su vivienda; y el 74% no cuenta con ayudas técnicas para la autonomía.
El 80% no tiene ningún plan de seguridad social. La discapacidad conlleva un gasto financiero elevado para las familias. Los problemas centrales que contribuyen a esta situación son: la falta de servicios adecuados de prevención y diagnóstico temprano, la falta de acceso a servicios médicos de tratamiento adecuados, de recursos dirigidos a implantar procesos de rehabilitación que permitan el fomento de la autonomía y falta de mecanismos, recursos y orientaciones para la inserción de las personas discapacitadas en la sociedad.

Centro Andino, por la promoción de la salud:
El Centro Andino de Acción Popular (CAAP) nació en 1975 como grupo de trabajo para el intercambio de experiencias en organización, capacitación campesina y discusión sobre la problemática agraria del momento. Entre su objetivos destacan la promoción de la mejora de las condiciones de salud y salubridad de los sectores populares, generar modelos alternativos de desarrollo participativo y democrático, implementar acciones de capacitación, promoción y desarrollo cuyo efecto e impacto permita modelos alternativos, ejecutar acciones que permitan mejorar la participación e inserción en el mercado y en la sociedad nacional del sector rural y el desarrollo de tecnologías agropecuarias adecuadas a las condiciones campesinas, entre otras.