Ante la tramitación en el Congreso de los Diputados de Proyecto de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la Confederación Sindical de CCOO ha planteado un conjunto de enmiendas con el fin de que sea esta vía, la de lo social, la competente en juzgar las demandas que los ciudadanos presenten ante los incumplimientos de la Ley de Dependencia. Hasta este momento, los litigios en esta materia se dirimen en la jurisdicción contencioso-administrativa lo que supone, en el mejor de los casos, que se resuelvan tras dos y tres años de procedimiento, cuanto se trata de situaciones de necesidad que requieren de una resolución más ágil y rápida.

Para CCOO de Madrid, esta propuesta resulta de especial importancia, ya que la Comunidad de Madrid, tras cuatro años de entrada en vigor de la Ley, sigue ocupando los últimos puestos en todas las variables que indican su grado de implantación. No es sólo una cuestión de números, pues detrás de cada dato existen miles de ciudadanos, auténticos dramas personales y familiares que acaban sometidos a un procedimiento largo, oscuro, tedioso que deriva, generalmente, en una situación de total desprotección e indefensión jurídica y social.

En concreto, en la región el proceso para la valoración y determinación de la situación de dependencia puede llegar a dilatarse hasta 18 meses cuando lo legalmente establecido en el ámbito estatal son 6 meses. No en vano, el 13 de enero de este año se publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid más de 3.200 nombres de personas fallecidas a las que se les comunicaba el cierre del procedimiento. Gran parte de estos solicitantes-expedientes se iniciaron en el año 2007. Esta situación no se corrige puesto que periódicamente la Comunidad de Madrid procede a publicar nombres de solicitantes con el fin de comunicar las incidencias de los expedientes, en su mayoría con retrasos de más de 2 años.

Según los últimos datos, el 32% de las personas que tienen derecho reconocido, todavía no reciben las ayudas, es decir más de 27.000 personas dependientes. Por otro lado y si se tiene en cuenta el número de personas que sí están siendo atendidas en comparación con la población general de la región, la Comunidad de Madrid ocupa uno de los últimos lugares, en concreto, el tercer puesto por la cola. En Madrid sólo el 0,90% de la población recibe ayudas en materia de dependencia frente al 2,22% de Andalucía ó el 1,55% de Cataluña, cuando la media nacional es del 1,48%.

En opinión de CCOO de Madrid, en esta región se está produciendo una vulneración clara del derecho de atención a la dependencia y la ciudadanía madrileña debe contar con herramientas jurídicas que le permita ejercer con suficientes garantías dicho derecho. Además, el sindicato cree que al tratarse de una vía jurisdiccional de más fácil acceso, más rápida, más económica y más sencilla, las personas dependientes y sus familias se sentirán más motivados y respaldados para interponer demandas lo que, en gran medida, ayudará a acelerar la implantación del Sistema de Dependencia en la Comunidad de Madrid y que ésta se realice con mayores garantías y transparencia.

Conferencia “mercantilista”

Por otro lado, el sindicato considera intolerable que mientras en Madrid se inaugura hoy la III Conferencia Internacional de la Dependencia patrocinada por el propio Gobierno regional y organizada por la Fundación Edad y Vida, más de 27.000 personas dependientes con derecho siguen esperando recibir las prestaciones y/o servicios que por Ley le corresponden. CCOO critica, además, que la Administración regional financie este evento, una Conferencia que presenta la atención a la dependencia desde una perspectiva puramente mercantilista y cuya inscripción cuesta 475 euros.