UGT y La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) han acordado luchar de manera conjunta por una mayor responsabilidad social de las empresas en favor de la familia, considerando que este valor debe ser resaltado en la negociación de los convenios colectivos como un valor en alza.

También se mostraron de acuerdo en "impulsar con carácter urgente medidas que faciliten una real conciliación de la vida laboral y familiar", especialmente en el caso de las madres de familias numerosas, que, por tener más hijos, tienen más cargas familiares y más dificultades para acceder a un empleo.

Y en este contexto, ambas organizaciones consideran fundamental que todas las familias con hijos, independientemente de sus recursos económicos, tengan acceso a las nuevas tecnologí­as, una herramienta básica para evitar desigualdades y facilitar el acceso al teletrabajo a las madres y padres que así­ lo deseen.

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, y la Secretaria para la Igualdad de este sindicato, Almudena Fontecha, se reunieron ayer con el presidente y el vicesecretario de la FEFN, José Ramón Losana y Luis Marí­a Andrés, respectivamente, para tratar diversos aspectos relacionados con la familia, ante la próxima aprobación de la nueva Ley de protección de las familias con hijos.

Ambas organizaciones coinciden en la necesidad de que haya un nuevo texto legal que tenga carácter nacional y que acabe con las desigualdades que existen actualmente en las distintas Comunidades Autónomas en materia de protección a la familia. Así­ consideraron que "a nivel nacional deben garantizarse unos mí­nimos confortables de protección a las familias con hijos, independientemente de las particularidades que tenga cada Comunidad".

En este sentido, UGT y FEFN solicitan un Pacto de Estado para la familia, que sea consensuado por todas las fuerzas polí­ticas y sociales, para armonizar todas las medidas de apoyo y protección a la familia, con garantí­as de estabilidad.

También coincidieron en la necesidad de que España se equipare al resto de paí­ses de la Unión Europea en materia de protección a la familia, incrementando los recursos que destina a este capí­tulo, que actualmente están cuatro veces por debajo de lo que destinan los socios comunitarios.

Respecto a la redacción de la nueva Ley, ambas entidades coincidieron en que "debe establecerse un cauce especí­fico de negociación" para que participen los representantes legí­timos del colectivo al que va dirigido el texto legal.