CSIT UNIÓN PROFESIONAL considera fraudulento dicho recorte salarial, ya que el personal laboral, a diferencia del funcionario, se rige por un Convenio Colectivo. El hecho de modificar de manera unilateral los salarios, obviando la negociación colectiva con el Comité de Empresa del Canal de Isabel II, supondría una “violación” de la Constitución Española, al contradecir el artículo 37 de la misma. Por eso, los Servicios Jurídicos de CSIT UNIÓN PROFESIONAL interpusieron conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional, y ésta ha decidido resolverlo como cuestión de constitucionalidad, elevándolo por unanimidad al Tribunal Constitucional para que sea éste quien lo resuelva finalmente.

Finalizado, definitivamente, el plazo de alegaciones de las partes, la Audiencia Nacional ha decidido elevar el asunto ante el Tribunal Constitucional, tal y como ya anunciaba a comienzos de este año. Éste deberá decidir, en última instancia, si el Real Decreto Ley emitido por el Gobierno de la CM quebranta el derecho a la libertad sindical. Además, el Real Decreto Ley de la CM deja sin efecto el incremento pactado en el XVIII Convenio Colectivo del Canal de Isabel II, reduciendo las retribuciones en un 5%.

El Auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional cuestiona la constitucionalidad de determinados artículos de la Ley 4/2010, puesto que éstos suponen una clara vulneración de los derechos fundamentales de libertad sindical (art. 7 y 28.1 de la CE) y la negociación colectiva.

CSIT UNIÓN PROFESIONAL denuncia el empeño de este Gobierno Regional en imponer su carácter antisocial, extralimitándose en sus competencias legislativas y vulnerando la Carta Magna. Amparándose en un supuesto ahorro de presupuestos, pretende anular los derechos sindicales de participación y representación de los trabajadores. Es urgente frenar la política precarizadora de empleo y atentatoria de derechos legalmente reconocidos, emprendida desde hace años por este Gobierno.