“La liberación de todos los presos de conciencia detenidos en la represión de marzo de 2003, y de un activista detenido el pasado diciembre, es un paso en la dirección correcta para los derechos humanos en Cuba, sobre todo teniendo en cuenta que, para empezar, estas personas no deberían haber sido encarceladas”.

“Lo que queremos ahora es que las autoridades cubanas no obliguen a los activistas a exiliarse como condición para dejarlos libres, y que garanticen que todos los activistas de derechos humanos pueden llevar a cabo su labor legítima sin temor a amenazas, acoso, nuevas detenciones o juicios injustos en su propio país.”

Información complementaria

Setenta y cinco personas fueron encarceladas, en una oleada masiva contra la disidencia emprendida en torno al 18 de marzo de 2003, por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.

La mayoría fueron acusadas de delitos como “actos contra la independencia del Estado” por haber recibido presuntamente fondos o materiales de ONG con sede en Estados Unidos financiadas por el gobierno estadounidense.

Estas personas fueron condenadas a penas de entre 6 y 28 años de prisión tras juicios rápidos e injustos por realizar actividades que las autoridades consideraban subversivas y perjudiciales para Cuba.