Falta de datos

La naturaleza y las dimensiones de la discriminación y el racismo en España siguen siendo, a día de hoy, desconocidas para las autoridades españolas. Pese a los datos que alertan del incremento de las actitudes negativas hacia las minorías y personas migrantes, o a las denuncias de incidentes discriminatorios, las autoridades no han hecho suficientes esfuerzos para abordar el problema, ni han prestado la atención necesaria a las víctimas.

Para abordar esta cuestión, el Estado tiene primero que recoger y publicar información y datos estadísticos sobre la situación de algunos grupos y sobre su acceso a algunos derechos como la educación, la sanidad o la vivienda; además de poner en marcha estrategias concretas de lucha contra el racismo y la xenofobia que se materialicen en un plan estatal integral de lucha contra la discriminación racial.

Violencia de género

Por otra parte, en la actualidad está siendo tramitada en el Congreso de los Diputados una modificación de la Ley de Extranjería que podría afectar a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. Amnistía Internacional se ha dirigido a los grupos parlamentarios para que modifiquen el artículo 31 bis de forma que se garanticen los derechos humanos y la protección de las mujeres extranjeras en situación irregular que sufren violencia de género.

Centros de Internamientos para Extranjeros

La organización también ha pedido al Gobierno que tome medidas para garantizar los derechos de las personas migrantes que se encuentran en los Centros de Internamientos para Extranjeros (CIES) y elabore, como se comprometió, un reglamento para garantizar condiciones de vida, acceso a información, asistencia legal, atención médica y acceso a organizaciones no gubernamentales.

Información complementaria

Ya en el año 2009, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se pronunció declarando que las meras características físicas o étnicas de una persona objeto de control no deben ser tomadas en consideración como indicios de la posible situación irregular de una persona. Pese a ello, el Gobierno español no ha cumplido las recomendaciones del Comité y no ha puesto en marcha medidas para garantizar que sus funcionarios públicos no incurren en este comportamiento.