El Consejo de la Juventud de España considera que los datos que aparecen en el Informe del Consejo Económico y Social "Emancipación de los jóvenes y la situación de la vivienda en España" ponen de manifiesto la magnitud de las dificultades de acceso a la vivienda por parte de la población juvenil, y cómo ésto incide en que la edad media de emancipación esté en torno a los 30 años.

El Consejo de la Juventud de España ha sido coparticipe del proceso de elaboración del Informe, participando de forma activa en las comisiones y en la elaboración de las conclusiones. Por este motivo, la información de dicho informe servirá de herramienta de trabajo para que las organizaciones juveniles eleven su capacidad propositiva frente a la Administración en materia de vivienda para jóvenes.

Según este Informe, los factores que retrasan el paso a la vida adulta y prolongan la dependencia familiar son el comportamiento del mercado de la vivienda, el desempleo juvenil, la temporalidad laboral, la prolongación de la formación y la cantidad de jóvenes que actualmente tienen entre 20 y 34 años, de los cuales, tan sólo un 32% se han emancipado frente al 42% de hace 15 años.

Del total de vivienda construida en España tan sólo el 8% es vivienda de protección oficial, destinada a cubrir las necesidades del 65% de la población demandante de vivienda, mientras el otro 92% de la vivienda es de precio libre, a la que por nivel de ingresos sólo pueden acceder el 35% de los demandantes.

El documento describe una situación del mercado de la vivienda en España caracterizada por el crecimiento del número de viviendas sin criterios de eficacia o necesidad, el predominio de la vivienda en propiedad frente al alquiler, fomentado desde la Administración Pública, la construcción de viviendas no adaptadas a las necesidades de la juventud y la escasa rehabilitación de cascos antiguos.

El Consejo de la Juventud de España apuesta por una polí­tica de vivienda que, entre otras medidas, actúe sobre las viviendas vací­as; priorice el gasto público directo e indirecto (incluida la polí­tica fiscal) para viviendas en régimen de alquiler; suponga una mayor implicación de los municipios en proyectos especí­ficos para jóvenes y promueva programas de alojamiento temporal. La polí­tica de vivienda pública debe contar con la participación de las y los destinatarios en su diseño e incorporar el criterio de sostenibilidad en las nuevas promociones.