Las autoridades cubanas han mantenido su palabra. El proceso de excarcelación de los 52 presos de la “Primavera Negra”, negociado gracias a la mediación de la iglesia católica cubana y el gobierno español, está casi acabado. Cuatro de los interesados esperan ahora salir de prisión.

Este fin de la “Primavera Negra” no carecerá de cuestionamientos, a posteriori, sobre el sentido real de la ola represiva y los siete años de encarnizamiento y propaganda de odio que siguieron contra sus víctimas y sus defensores. Así hayan sido obligados al exilio, como sucedió con cuarenta de ellos, o hayan obtenido autorización para quedarse en su país –como Pedro Argüelles Morán y dos colegas liberados anteriormente (http://es.rsf.org/cuba-un-periodista-disidente-14-02-2011,39547.html)–, los prisioneros de la “Primavera Negra” no se beneficiaron en ningún caso de la anulación de su pena. Fue apoyándose en la Ley 88, que reprime “el ataque a la integridad territorial” de Cuba, que la mayoría de estos hombres fueron absurdamente condenados, cuando no hacían sino reclamar el derecho de informar y de expresarse libremente.

Al mismo tiempo, este fin de la “Primavera Negra” puede constituir el preludio de una nueva situación de las libertades públicas en la isla, si las autoridades aceptan extraer todas las enseñanzas de esta experiencia. En esta materia, se han dado algunas garantías recientes, como el desbloqueo de algunas páginas de Internet. No obstante, la represión física contra los opositores volvió a acentuarse durante el homenaje rendido, un año después de su muerte en prisión, el 23 de febrero de 2010, al disidente Orlando Zapata Tamayo.

Tal situación es insostenible. Preocupado por las revoluciones que tienen lugar en el Magreb y en Oriente Medio, el gobierno cubano debe tomar una opción viable para el futuro aceptando el pluralismo. Esta opción llama a un diálogo con la sociedad civil y a la legalización de una prensa independiente, fuera del control del Estado. Ésta implica también, llegado el momento, la rehabilitación o al menos la amnistía de los prisioneros de conciencia y el derecho a regresar de los exiliados. Finalmente, las autoridades cubanas deben cumplir sus compromisos internacionales ratificando los dos pactos de la ONU relativos a los derechos civiles y políticos que firmaron en 2008.

A su vez, la comunidad internacional debe tomar nota de los progresos alcanzados. Reporteros sin Fronteras llama de nuevo al levantamiento del injusto embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba desde 1962. La organización también propone, a nivel europeo, una reevaluación de la posición común que subordina la normalización de las relaciones diplomáticas al respeto de los derechos humanos en la isla.