El 20 de octubre, el Consejo del Mando de la Revolución, órgano ejecutivo supremo de Irak, dictó un decreto firmado por el presidente Sadam Husein ordenando que se aplicase una amnistí­a general a todos los presos polí­ticos en un plazo máximo de 48 horas. Entre los detenidos que iban a quedar en libertad gracias a esta medida se encontraban ciudadanos árabes recluidos en prisiones iraquí­es, entre ellos 80 jordanos.

La televisión iraquí­ mostró más tarde la excarcelación de decenas de presos de la prisión Abu Ghraib en Bagdad. Según informes, de la amnistí­a se beneficiarán,entre otros, los condenados a muerte, incluidos los que han sido condenados in absentia y que se hallan en el extranjero, pero no los presos acusados de actuar como espí­as para paí­ses extranjeros.

A lo largo de los años, Amnistí­a Internacional ha documentando graves violaciones de derechos humanos cometidas a gran escala contra todos los sectores de la sociedad iraquí­. Entre estas violaciones, cometidas por miembros del ejército, de los servicios generales de información y de las fuerzas de seguridad, cabe destacar la "desaparición" de miles de personas, el amplio uso de la pena de muerte, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, la reclusión por largos periodos sin cargos ni juicio, los juicios manifiestamente injustos y los celebrados en secreto, la tortura sistemática de presuntos opositores polí­ticos, los castigos judiciales constitutivos de tortura o pena cruel o inhumana, la reclusión de presos de conciencia y las expulsiones del paí­s.

La mayorí­a de las ví­ctimas de violaciones de derechos humanos han sido presuntos opositores polí­ticos, incluidos agentes del ejército y de las fuerzas de seguridad y oficiales del ejército jubilados sospechosos de conspirar contra el gobierno, así­ como familiares de activistas de la oposición en el extranjero y miembros de grupos religiosos y étnicos minoritarios, especialmente los pertenecientes a la comunidad kurda y los musulmanes chií­es.

En la carta enviada hoy al gobierno iraquí­, la organización solicitaba asimismo que se aclarase urgentemente la suerte y el paradero de miles de personas "desaparecidas" durante la década de los ochenta y tras la Guerra del Golfo de 1991, incluidos más de 600 ciudadanos de Kuwait y de otras nacionalidades, así­ como 106 religiosos y estudiosos del chiismo que fueron aprehendidos en la ciudad de al-Najaf, en el sur del paí­s. En la misiva, la organización ha instado al gobierno iraquí­ a que revoque con carácter urgente todas las leyes y costumbres que han conducido a la violación masiva de derechos humanos en el paí­s.